Datos positivos sobre la recuperación en el país de la donación de órganos

La donación y trasplante de órganos volvió a en la Argentina el nivel de actividad de la prepandemia, según aseguraron especialistas reunidos en la ciudad de Buenos Aires en el contexto de la 22° Reunión del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante.

Esa situación, que también se advierte en muchos países del mundo que vienen recuperando los niveles preexistentes al inicio de la pandemia de Covid-19, se presenta ahora con especial nitidez en la Argentina, según informaron autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

Corresponde aquí señalar que la Argentina alcanzó en 2019 una tasa de 20 donantes de órganos por millón de habitantes –la más alta de la historia-, que se acercó por primera vez a la del promedio anual de donantes de los países de la Unión Europea (22,3) y de Australia (20,8), según informó entonces el Incucai.

Afortunadamente, a medida que pasan los efectos del Covid-19, lo que se advierte es una revalorización de este tipo de operaciones y con ello, nuevas constancias del notable progreso de la medicina en los últimos años, así como del creciente grado de concientización que existe en la sociedad sobre este acuciante problema.

Los especialistas reseñaron que la cantidad de donaciones y trasplantes, que incluyen no sólo a órganos sino a tejidos y células, registró un fuerte incremento en el país tras la aprobación de la ley 27.447, de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, sancionada en julio de 2018, conocida popularmente como “ley Justina”, que dispone que todos los mayores de edad son donantes de órganos salvo que hayan manifestado su oposición en vida.

Sin embargo, a los efectos de esa ley se sumó también el hecho de que hubiera regido en los últimos años, en materia de trasplantes y procuración de órganos, una política sanitaria uniforme y continuada, que permitió, por ejemplo, duplicar el número de coordinadores hospitalarios en los hospitales públicos, que son quienes se encargan de la detección de órganos para trasplantes en las terapias intensivas.

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Debe señalarse que, luego de una larga época de marchas y contramarchas en la que incluso se originaron controversias científicas y de naturaleza ética, lo cierto es que, primero a partir de la sanción en 2006 de la llamada ley nacional del donante presunto y, luego, de la ley Justina, se experimentaron adelantos trascendentes, contextualizados, como se ha dicho, por un gradual y mayor grado de conciencia en la población acerca de la importancia de los trasplantes.

En realidad, esa suerte de madurez alcanzada se había venido reflejando en distintas estadísticas oficiales que registraban un crecimiento en la disponibilidad de órganos ya con anterioridad a la aprobación de la ley Justina y, subsiguientemente, de los trasplantes realizados en el país. A su vez, debe valorarse el hecho de que la sanción de la ley donante presunto colocó a la Argentina entre los países líderes, que cuentan con los mayores niveles comparativos en donaciones y trasplantes.

La experiencia argentina, avanzada en los últimos años y, además, reveladora del alto espíritu solidario de sus habitantes, obliga entonces a no dejarse estar y a profundizar por este camino. De allí la importancia de poner de relieve estas valiosas referencias. Al margen de ello, es evidente que el mayor déficit sigue residiendo en la falta de suficientes campañas encaminadas a exhibir los enormes beneficios sociales que apareja la donación de órganos. El primero de ellos, la salvación de muchas vidas.