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Lula da Silva
Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
Si bien hacia afuera pareciera que el operativo clamor en defensa de Cristina Kirchner por la supuesta persecución judicial de la que seria víctima ha alineado al Frente de Todos, hay sectores que han tomado distancia, como la mayoría de los gobernadores peronistas que no han propiciado marchas en sus distritos, y otros, como la CGT y los movimientos sociales, que han optado por no “sobreactuar” el apoyo a la causa por sus históricas diferencias con el kirchnerismo.
Tampoco las concentraciones en torno al domicilio de la ex mandataria en Recoleta parecieron una réplica de las movilizaciones del 17 de octubre de 1945, como soñaban algunos dirigentes kirchneristas. Según el ex secretario de Seguridad y mano derecha de Patricia Bullrich, Gerardo Millman, el último sábado hubo unas “seis mil personas” en la marcha al departamento de Juncal y Uruguay. Para otros opositores, no llegaron a 2.000 ese día.
Tampoco se percibió el fervor popular el último domingo en la cancha de Boca Juniors cuando un militante ingresó al campo de juego y agradeció a Cristina por la “Década Ganada” y a cambio recibió una ruidosa silbatina general desde las tribunas de la mítica Bombonera.
Un agradecimiento a Cristina terminó con una ruidosa silbatina en la Bombonera
No extrañó que Axel Kicillof haya concurrido a Recoleta para dar su apoyo a la Vice. Pero el resto de los gobernadores del PJ prefiere mantenerse al margen o bien dar un respaldo protocolar desde las redes sociales. Saben que el mayor protagonismo de Cristina en la agenda política si bien fideliza el voto progresista en un contexto de ajuste, les impide crecer electoralmente “por afuera” en sus distritos pensando en el 2023.
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La cuestión electoral, asimismo, llamó a la prudencia a Lula que, pese a las gestiones de altos funcionarios argentinos, no salió a bancar públicamente a Cristina. El brasileño se encuentra en la recta final de una campaña presidencial que en las últimas semanas ha visto crecer a Jair Bolsonaro en las encuestas.
En los últimos días ningún jefe gremial de la CGT, por caso, salió a respaldar públicamente a la expresidenta así como tampoco se hizo presente en la acalorada manifestación del pasado sábado en el barrio porteño. Sí hubo un frío comunicado de la central obrera horas después que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la exmandataria, el mismo se basó en el mismo argumento que, por lo bajo, dan funcionarios “albertistas”: que la figura de la asociación ilícita no puede ser aplicada a un gobierno, sin considerar el problema de fondo. Es decir, no abundan en sí desde la gestión kirchnerista se favoreció a Lázaro Báez con millonarios contratos en forma irregular.
Sí la exjefa de Estado cuenta con el respaldo de la CTA (de los Trabajadores) referenciada en Hugo Yasky y en la Corriente Federal de la que salió el flamante ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Pero no así de los grandes gremios de la producción y los servicios, con la excepción de la UOM de Abel Furlán.
Justamente la mesa chica cegetista está en contra del pago de bonos -sólo lo admiten para “casos puntuales”- y eso obligó a Sergio Massa a anunciar el pasado martes el pago de un extra para grupos familiares que totalicen $131 mil, un beneficio acotado y diferente al pensado originalmente. En la central obrera sospechan, además, que el kirchnerismo quiere desplazar al ministro Claudio Moroni (Trabajo) para poner a un funcionario afín que favorezca la renovación en las conducciones gremiales con dirigentes cercanos al Instituto Patria, como ocurrió el año pasado cuando Furlán relegó al “albertista” Antonio Caló. También miran de reojo el proyecto para integrar todos los subsistemas de salud, impulsado por el camporista Nicolás Kreplak, que podría intervenir de hecho a las obras sociales.
En las últimas horas los gremios salieron a denunciar el riesgo de una parálisis en la cobertura de los afiliados con algún tipo de discapacidad por la desfinanciación crítica del sistema. Esperan una solución de último momento del ministro Massa. En el Palacio de Hacienda tampoco se suman al “Todos por Cristina” pero entienden que, en medio del ajuste fiscal, el kirchnerismo intente salvaguardar de alguna forma su relato.
Más allá de estas demandas sectoriales, siempre hubo una relación de desconfianza entre el kirchnerismo y los gremios enrolados en la institución de calle Azopardo. Por ello hay dudas sobre cuál será la reacción de los principales sindicatos si, como se especula, se organiza una marcha a plaza de Mayo en septiembre próximo para respaldar a Cristina y denunciar la “persecución judicial” de la que sería blanco por parte de la justicia de Comodoro Py.
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A excepción de Juan Grabois, a quien se lo vio muy activo el último sábado en Recoleta, los principales dirigentes sociales son prudentes respecto a movilizar masivamente en favor de la Vice. Estiman que no será nada parecido a lo ocurrido, por ejemplo, durante el Día de la Militancia de noviembre pasado en el que supieron poblar el perímetro de la Casa Rosada junto a otras agrupaciones aliadas.
Evaluaron, asimismo, que no se observó un fervor popular durante la concentración en torno al domicilio de la Vice y que en cambio, congregó a militantes de clase media y del denominado progresismo porteño. Son los mismos que habían sido fulminados por Cristina durante su recordado discurso de junio pasado, en Avellaneda.
Hay dudas sobre si los principales sindicatos acompañarán en un marcha
“Hubo presencia de algunos dirigentes en Recoleta y en movilizaciones como la de Mar del Plata. Pero tampoco vamos a sobreactuar apoyo y tirar las vallas si hasta hace 2 días nos estábamos puteando”, reconoció una de las principales espadas de los movimientos sociales oficialistas al explicar el escaso acompañamiento en las calles que estas agrupaciones dieron a la Vice. El sábado tendrán representación en el acto de Merlo que el PJ bonaerense le organiza a la ex presidenta pero aseguran que será más “testimonial” que masiva.
En el fondo, además, tanto para dirigentes sociales como para los jefes sindicales la disputa política por la suerte judicial de la Vicepresidenta no puede opacar el principal problema que hoy afecta a la Argentina: una inflación que deteriora los ingresos de la clase trabajadora. “La sociedad está en otra cosa. Hay paquetes de yerba que valen $900”, concluyó, lacónico, la fuente consultada.
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