Cada fuga de una cárcel se convierte en una seria amenaza para la sociedad

Si bien es cierto que se trató de un caso aislado, la insólita fuga de un preso de la cárcel de Olmos, en la que un acusado por intento de asesinato pudo sortear cinco puestos de control del Servicio Penitenciario bonaerense, exige una profunda investigación judicial y administrativa, además de obligar a las autoridades a la recaptura del prófugo. Como se sabe, el detenido se mezcló con tres profesores de la escuela secundaria que funciona en el penal que se retiraban del establecimiento, en una maniobra que siembra dudas sobre la eficacia del sistema de seguridad en ese penal.

Tal como surge tras las primeras pesquisas, con la revisión de las cámaras existentes, se vería comprometida en principio la situación de al menos cinco guardias, que podrían estar involucrados, ante la presunción de que, ya sea por acción u omisión, habrían presuntamente facilitado esa evasión.

De ser así, tal como se informó, se aplicaría lo normado en el artículo 281 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo”.

Respecto al grupo de profesores de la cárcel, su comportamiento también será objeto de análisis en la investigación iniciada, para deslindar eventuales responsabilidades. El preso fugado se encuentra procesado por tentativa de homicidio y a disposición del tribunal oral 7 de San Martín.

La evasión fue advertida el sábado último cuando los guardias hicieron un recuento y notaron la ausencia del ahora prófugo, por lo que revisaron las cámaras de seguridad y observaron el momento en que se retiraba junto a tres docentes de la escuela secundaria que funciona dentro del establecimiento carcelario, que está ubicado en 197 y 50.

Se habló en numerosas oportunidades de la necesidad de que las cárceles de la Provincia cumplan con las normas constitucionales y legales que determinan y regulan su funcionamiento. En primer lugar, el de la seguridad y resocialización de los alojados en ella y, también, el de que cumplan con las leyes procesales y con las condenas que por sus delitos recibieron.

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En muchas oportunidades estas condiciones no se cumplieron acabadamente, por múltiples razones. En fecha aún reciente, fue seriamente cuestionada la decisión de liberar a más de dos mil detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses, así como también en prisiones federales ubicados en territorio provincial–algunos de ellos de alta peligrosidad- basándose esa medida en razones relacionadas al flagelo del coronavirus. No pocos de esos liberados volvieron a ser detenidos, días, semanas o meses después de haber liberados, al ser atrapados cuando cometían asaltos o algún otro delito.

Como se ha dicho también tantas veces, el sistema carcelario reclama la disponibilidad de recursos suficientes para convertir a los lugares de detención en ámbitos propicios para la resocialización de los presos. Existen muchas y positivas experiencias en este sentido, en las que ya sea una actividad laboral, recreativa o educativa permite capacitar a detenidos y devolverlos en mejores condiciones a la sociedad.

El Servicio Penitenciario debería intensificar esa política, sin perjuicio de que su obligación primordial pasa por mantener bajo debida custodia a los procesados y condenados. Cada fuga que se concrete se convierte en una potencial y grave amenaza para la población. De allí la necesidad de esclarecer este negativo caso de fuga registrado en Olmos.