Volvió la tensión entre Guzmán y La Cámpora

La segmentación de tarifas presentada por el Ejecutivo volvió a tensionar al oficialismo: en el Palacio de Hacienda consideraron su oficialización como una reivindicación al esquema diseñado por el equipo de Martín Guzmán mientras que desde sectores de Energía ligados a La Cámpora, que habían elevado una propuesta sustancialmente diferente, se desligaron del plan y se preguntaron si será aplicable o no.

Es que si bien los decretos publicados durante la víspera crean tres grupos de usuarios residenciales para los servicios de luz y gas, de acuerdo a sus niveles de ingresos, no tendrán un impacto inmediato en las boletas. Sólo el 10 por ciento de los clientes, los más pudientes, perderá el total de los subsidios. El resto de los clientes deberán completar sus datos en un registro oficial (denominado RASE), para seguir siendo beneficiario de la ayuda estatal.

En principio, el esquema propuesto pareció un claro gesto del Gobierno hacia el FMI en momentos en que las distorsiones de la economía ponen en riesgo el cumplimiento de las pautas acordadas con el organismo crediticio, en cuanto a reducción de déficit fiscal, acumulación de reservas internacionales, emisión monetaria e inflación. De hecho, el Boletín Oficial acaba de publicar la “adecuación” del Presupuesto 2022 para cumplimentar una demanda de los burócratas de Washington.

En Casa Rosada intentaron vincular estas medidas –a la que se suma la suba del corte de biodiésel para intentar compensar la escasez de este combustible, que disparó un aumento en su precio del 14 por ciento- como una suerte de “paquete” que busca dar certidumbre al mercado sobre el rumbo económico.

Pero, como se dijo, la quita de subsidios a la energía no tendrá un efecto inmediato en la reducción del gasto. En una distribuidora de gas metropolitana explicaron que aún faltan los decretos reglamentarios, en este caso del Enargas, y que deberá esperar que el ente regulador les envíe las planillas con las diferentes categorías de usuarios antes de comenzar a ajustar las facturas. “No tenemos plazos. Lo de ahora puede ser un golpe de efecto”, observó una fuente empresaria consultada.

Pese a las dudas existentes, en el gobierno ayer remarcaron que en los próximos días llevarán a cabo una campaña de difusión para informar de qué forma las familias podrán continuar percibiendo la ayuda estatal y completar sus datos desde la semana próxima. Y que los usuarios que pagarán la tarifa plena irán perdiendo los subsidios de forma paulatina desde el bimestre junio-julio. No obstante, la fijación de los incrementos para las otras dos categorías demorará más tiempo.

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Finalmente se impuso el criterio de Guzmán y su equipo, comandado por el secretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, de tomar en cuenta además de la ubicación geográfica, el nivel de ingreso y patrimonio, para así establecer los diferentes segmentos de usuarios. En el Palacio de Hacienda había satisfacción porque el Presidente desestimó el esquema propuesto por el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y otros funcionarios de La Cámpora del área, mucho más acotado y que sólo impactaba en barrios considerados tradicionalmente de clase alta del AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires).

La Cámpora elevó otra propuesta y se pregunta si la de Guzmán será aplicable

“No aceptaron nuestra intervención así que no vamos a opinar. Que lo haga Osornio y explique si su fórmula es aplicable o no”, remarcó anoche una fuente camporista consultada por este diario. En el kirchnerismo estaban en contra de un esquema extendido de quita de subsidios porque podría afectar los ingresos de sectores de clase media. Es que entre los seguidores de Cristina Kirchner prima la idea que las tarifas baratas son una suerte de “aumento indirecto” en los ingresos de los usuarios que luego destinarían al consumo interno.

Por la mañana en el ala cristinista de la coalición celebraron la firma por parte de Enarsa del contrato con Techint para la provisión de caños del gasoducto de Vaca Muerta. Frente a las dudas de algunos empresarios y del renunciante Antonio Pronsato (ex coordinador de la obra), el titular de la firma estatal, Agustín Gérez, sostuvo que el proyecto se podría terminar en junio de 2023.

Para el ministro Guzmán, en tanto, la segmentación y los aumentos tarifarios buscan iniciar un reordenamiento de la cuestión energética que permita al estado “arbitrar” una “buena política de precios y subsidios” con el fin de ir reduciendo el déficit fiscal. Para la oposición el plan oficial tendrá un efecto módico en la reducción del gasto: con una inflación que corre al 70 por ciento anual, una quita del aporte estatal del 60 por ciento, en promedio, resultaría a todas luces insuficiente.