Los crímenes del soberano

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Escribió Juan Bautista Alberdi: la guerra es el crimen de los soberanos. No de los gobiernos ni de los Estados, sino de las personas que ejercen el poder. En el libro “El crimen de la guerra”, escrito en 1870, Alberdi deja dicho que toda guerra se presume justa porque todo acto soberano o del soberano se presume legal.

¿Es justo presumir que la matanza de civiles en Bucha, así como otras atrocidades cometidas en Ucrania, es un acto legal sólo porque el soberano impartió la orden de exterminio? El soberano deslinda la responsabilidad. Esgrime que se trata de un montaje, de una provocación. Niega la realidad.

La expulsión en masa de diplomáticos rusos de la Unión Europea y de muchos de sus países miembros, así como la mayor presión económica, pretendió ser la respuesta inmediata frente a la barbarie. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, invoca masacres pretéritas en su afán de convencer a parlamentos de distintas latitudes de acusar de crímenes de guerra al soberano, Vladimir Putin. La Corte Penal Internacional (CPI), órgano máximo de la ONU, inició una investigación en marzo, antes de la tragedia de Bucha, a pedido de 39 gobiernos.

La guerra tiene sus reglas, forjadas en el derecho internacional humanitario. El soberano, desentendido de las normas universales que limitan la barbarie desde la Convención de Viena, de 1949, ratificada por la ONU, no así todos sus protocolos adicionales, se vale de una impunidad rayana en el enajenamiento frente al dolor ajeno. La negación del crimen de los crímenes, el genocidio, no sólo refleja la impostura del soberano, sino de la humanidad. ¿No aprendimos nada de la tragedia armenia, el Holodomor (hambruna inducida de los ucranianos en tiempos de Stalin), las dos guerras mundiales, Ruanda, Camboya, los Balcanes y otras atrocidades?

Organizaciones internacionales, testigos presenciales y corresponsales extranjeros documentaron la masacre de Bucha. Los videos datan del 1° de abril. El soberano asegura que sus soldados abandonaron la ciudad el 30 de marzo. Las pruebas, aduce, comenzaron a circular el 3 de abril.

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Bellingcat, colectivo de investigadores y periodistas, señala que TV Zvezda, de Rusia, registró imágenes del ejército invasor el 1° de abril. En fotos satelitales de Maxar Technologies hay vecinos cavando una fosa común el 10 de marzo, mucho antes de la retirada rusa. Los cadáveres yacían en las calles desde el 11 de marzo, confirma The New York Times.

Fiscales ucranianos presentaron pesquisas penales con el apoyo del primer ministro británico, Boris Johnson. Colegas de Polonia, Alemania, Lituania, Letonia, Estonia, Francia, Eslovaquia, Suecia, Noruega y Suiza abrieron sus propias investigaciones. Crecen los exhortos para crear un tribunal especial que enjuicie al soberano por la agresión contra Ucrania. ¿Es viable? No mientras permanezca en el gobierno. Los fiscales deben recabar evidencias forenses y balísticas para establecer las causas y las circunstancias de las muertes, así como para demostrar que ocurrieron en una guerra. También deben probar las ejecuciones de civiles.

Todo remite al Tribunal de Núremberg, creado por la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para que los jerarcas nazis rindieran cuentas después de la Segunda Guerra Mundial. Después. Ese es el dilema. En caso de ser acusado el soberano, la CPI tiene una limitación: sólo puede emitir una orden de detención que le impediría viajar a 123 Estados por temor a ser detenido. Ni Rusia ni Ucrania forman parte del tribunal de la ONU, encargado de disputas entre países, no entre personas como pretendía Alberdi en el Siglo XIX. Un adelantado.

“La guerra tiene sus reglas, forjadas en el derecho internacional humanitario”