Chats de jueces: se fue el asesor presidencial

El jefe de Asesores del Presidente, Julián Leunda, finalmente renunció a su cargo tras ser mencionado en un supuesto chat de Telegram de jueces, funcionarios, empresarios y exagentes de inteligencia que hicieron un viaje conjunto a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido.

Su renuncia se conoció luego de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, le diera validez a una serie de conversaciones salidas a la luz por un hackeo, según reconoció el presidente Alberto Fernández.

En esas conversaciones, los participantes contaban que habían hablado con Leunda, quien les había asegurado que las repercusiones de ese viaje no serían publicadas en el canal C5N y en otros medios de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza.

A la justicia

Mientras, el abogado Marcelo Hertzriken Velasco volvió a presentarse ante la Fiscalía Federal de Bariloche, en Río Negro, en la causa que se sigue por el viaje a Lago Escondido que realizaron funcionarios porteños, judiciales, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y solicitó las detenciones de las personas involucradas y el desafuero de los magistrados.

Hertzriken Velasco consideró que teniendo en cuenta la presentación efectuada hace “40 días”, cuando se conoció la realización de este viaje a propiedades que el magnate inglés Joe Lewis posee en la zona cordillerana de Río Negro, sea “tenido como acusador particular y parte querellante en el proceso”.

“Como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometieron, también como abogado y más precisamente como Presidente de la Fundación de Abogados Querellantes”, señaló en su escrito el letrado.

LE PUEDE INTERESAR

El blue tomó impulso y se fue a $317 en la Región

LE PUEDE INTERESAR

Los piqueteros levantaron el acampe

Ahora, este viaje está siendo investigado en la justicia, y Hertzriken Velasco calculó que la “dádiva de los empresarios a los jueces ronda entre los 5.000 y 10.000 dólares”. Por eso, el letrado consideró que la situación amerita sus detenciones ante el peligro de “entorpecimiento investigativo”.