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El mal año transcurrido para el tema de la violencia de género en la sociedad argentina –se habla, claro, del 2021- se reflejó en cifras estadísticas ofrecidas en las últimas horas por los observatorios “Mumalá” y “Ahora sí que nos ven”, indicativas de que en esos doce meses se registraron más de 220 femicidios, de modo que nuestro país quedó con una tasa elevada de muertes cada 1.000 mujeres y, en ese contexto, los porcentajes más altos se registraron en las provincias de Santiago del Estero, (2,8) Formosa, (2,2), Tucumán, (2), Salta (1,8), Chaco (1,6), y Neuquén (1,2).
Como consecuencia de estos femicidios, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre 226 niños y adolescentes se quedaron sin madre, detalla Mumalá, y en 18 casos los femicidas luego se suicidaron, y un 8 por ciento intentó hacerlo. Entre estos casos, el 8 por ciento de las mujeres estuvieron desaparecidas antes de ser halladas sin vida.
Tal como se indicó, en cuanto a las denuncias judiciales o policiales previas, el 21 por ciento de las víctimas había hecho alguna presentación contra su agresor mientras que en el 11 por ciento de los casos, los femicidas contaban con antecedentes penales de violencia de género.
También constituye otra referencia alarmante lo revelado por los datos, acerca de que el 12 por ciento de los femicidios fue cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad y, en el 32 por ciento de los casos sondeados, esos hombres usaron su arma reglamentaria para asesinarlas.
En el 39,5 por ciento de los casos, el femicidio fue cometido por la actual pareja de la víctima, mientras que en el 29 por ciento de los casos se trató de una expareja. Además, más de la mitad de las mujeres fueron asesinadas en su propia casa, que en muchos casos comparten con los agresores.
Se ha dicho que, en realidad, las estadísticas de casos de violencia de género no resultan ser abarcativas de la profundidad de un problema que, más allá de las cifras y, por cierto, de los hechos que lo expresan, admite graves falencias culturales en buena parte de la población y, al mismo tiempo, revela omisiones indisculpables por parte de sectores de la sociedad argentina que permanecen indiferentes a las diversas desigualdades que sufren las mujeres, tanto en nuestro país como en el mundo.
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Un caso representativo de ello lo constituye la pasividad con que se vinieron siguiendo las atroces desigualdades reinstauradas en Afganistán. Se sabe que durante el primer gobierno del régimen fundamentalista (1996 a 2001) las mujeres habían desaparecido por completo del espacio público.
Las niñas se vieron privadas de educación. A las mujeres no se les permitía trabajar o salir a la calle sin estar acompañadas de un familiar varón. También debían llevar el burka que cubre todo el cuerpo. Ahora, los últimos decretos del nuevo gobierno vienen reactualizando esas discriminaciones.
En la sociedad argentina persisten sin duda errores y omisiones en las estrategias institucionales –sean legislativos, judiciales o policiales- para combatir la violencia de género.
Existieron algunos avances culturales, pero aún teóricos, que no se convierten en hechos positivos concretos. La distancia entre esas buenas intenciones y la realidad sigue siendo enorme. Mientras tanto, las mujeres continúan como víctimas indefensas de homicidios, golpes, amenazas, malos tratos psicológicos y físicos.
El atraso mayor, como se ha dicho, parece seguir estando en el plano cultural, con una sociedad que aún no ha comprendido los diversos grados de violencia que siguen acechando a las mujeres.
Pese a que, como se dijo, hay pasos positivos hacia la vigencia de una nueva visión sobre el tema, falta aún consolidar una cultura –y, esencialmente, una educación temprana sobre los niños y jóvenes- plenamente comprensiva de lo que falta para igualar totalmente los derechos de ambos géneros. Es de esperar que en 2022 se avance hacia esa meta.
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