Chile y los fondos de pensiones

EFE

Solo un año después del primer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, Chile se encamina a aprobar por cuarta vez esta medida, que algunos defienden como la única manera que tiene la clase media para capear la crisis económica actual pero que otros ven como una forma de hipotecar los ahorros del futuro.

El 30 de julio de 2020, de forma inédita e histórica, todos los chilenos pudieron retirar por primera vez un 10 por ciento de sus pensiones -gestionadas por fondos privados de contribución obligatoria-, con el objetivo de aliviar sus economías diezmadas por la pandemia del Covid-19.

Inicialmente, la medida se aprobó “por una única vez”, pero nada más lejos de la realidad, puesto que en diciembre de 2020 se aprobó el segundo retiro, de otro 10 por ciento, y en marzo de 2021 llegó el tercero, por la misma cantidad.

Cuestión política

Esta iniciativa, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de casi 50.000 millones de dólares para entidades que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ha cobrado impulso en el Parlamento, donde recientemente se han ingresado siete proyectos diferentes para aprobar un cuarto retiro que se empezarán a discutir en los próximos días.

Desde que se aprobó el primero, los retiros de pensiones han remecido al país: provocaron protestas y cacerolazos en favor de su aprobación, generaron divisiones dentro del oficialismo y supusieron una gran derrota para el Gobierno de Sebastián Piñera, que trató sin éxito de frenarlos en el Tribunal Constitucional.

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Cada vez más voces señalan que esta política es una forma de hipotecar el futuro de los contribuyentes, que dejará mellado el actual sistema de pensiones y que es una medida “oportunista” de los políticos -de todo el espectro ideológico- para ganar votos de cara a los comicios de noviembre.

“Quienes defienden los retiros solo piensan en el corto plazo y quieren sacar cuentas propias. Lo que no saben, es que hacer política desde el populismo en materia de pensiones es muy grave”, dijo José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.

El principal argumento a favor, en cambio, es que los más de 33.000 millones de dólares anunciados por el Gobierno en ayudas sociales “no están llegando a la población”.

Para Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, lo que está claro es que “los retiros son el resultado del fracaso de un Gobierno que ha tardado demasiado en responder a las necesidades de la gente”.

En 2020, según cifras de la organización, el Ingreso Familiar de Emergencia (la principal ayuda estatal) llegó solo al 35 por ciento de las familias, lo que desembocó en que las personas “recurrieran a sus propios ahorros”, explicó a Efe el experto.

Después de 15 meses de pandemia, el pasado junio, el Gobierno accedió a ampliar hasta septiembre las ayudas, que ahora alcanzan al 80 por ciento de hogares con un bono mínimo de 177.000 pesos para las familias unipersonales (sobre 230 dólares).

“A día de hoy existen transferencias directas a la mayoría de las familias, por eso reiteramos que los retiros no ayudan ni a los chilenos ni a las pensiones”, insistió Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia, en declaraciones a Efe.

Pese a ser uno de los países con más población vacunada, Chile atravesó entre marzo y julio una segunda ola de covid-19 que obligó a imponer cuarentenas masivas y supuso el fin de miles de negocios que se habían salvado del encierro de 2020, año en el que el PIB cayó un 5,8 por ciento.

CAMBIAR EL SISTEMA ACTUAL

Más allá de su conveniencia, la aprobación de esta medida se vivió como un proceso “histórico” que algunos interpretan como el inicio de un cambio del sistema de pensiones actual, cuestionado por muchos por las pírricas jubilaciones que otorga.

“La mitad de las personas recibe menos de 215.000 pesos (280 dólares), es decir no llega al salario mínimo. Este sistema ha fracasado”, lamentó Kremerman.

Desde el oficialismo defienden que la solución es reformarlo, algo que se lleva discutiendo desde 2018 con un proyecto que propone subir un 6 por ciento las cotizaciones, la mitad para ampliar la cuenta individual y la otra mitad para engrosar un fondo solidario para la población vulnerable.

Sin embargo, desde la oposición piden terminar de raíz con el modelo, implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y pionero en la región en implantar la capitalización individual.

Para Ruiz el sistema actual “no ofrece malas pensiones teniendo en cuenta que la contribución de Chile es del 10 por ciento, frente al 19 por ciento en promedio de los países de la OCDE”.

“El problema gira en torno a la forma de entregar seguridad social a quienes no cotizan, que son muchos por culpa de las altas tasas de trabajo informal”, concluyó.