Desigualdad y bajo crecimiento

Latinoamérica vive atrapada entre una alta desigualdad y un bajo crecimiento económico y salir de esa situación supone reinventar políticas de protección social para que sean verdaderamente integradoras. El reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en ese sentido, indica que la brecha entre ricos y pobres y la vulnerabilidad que caracteriza la región quedó en evidencia durante la pandemia de Covid-19.

Esa “trampa” está alimentada por tres factores que prolongan el circulo vicioso: la concentración de poder, la violencia y sistemas de protección social ineficientes, dice el reporte, que es el cuarto Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe que ha elaborado el PNUD. “Es como si estuviéramos en un hoyo y estamos cavando. Estamos haciendo más grande ese hoyo,‘’ dijo Luis Felipe López Calva, subsecretario general adjunto de la ONU y director regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

La clave, según el informe, es dejar atrás una estructura de protección social fragmentada, con un sistema de seguridad social que deja fuera a muchos trabajadores, al segmentar la fuerza laboral entre trabajo formal e informal. Los de esta última categoría quedan excluidos de muchas ayudas.

De acuerdo al reporte “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, la seguridad social y la asistencia social deberían ser sistemas complementarios y no sustitutos.

“Los hogares pobres necesitan transferencias de ingresos y seguridad social, no uno u otro”, explica el documento. “Y, para los hogares que no son pobres, la seguridad social es clave, especialmente cuando se encuentran en una posición vulnerable. En lugar de actuar ex ante para prevenir la pobreza, las políticas reaccionan ex post para mitigarla una vez que está presente”.

Según López Calva, las políticas de protección social actuales brindan protección errática a los hogares y no redistribuyen los ingresos lo suficiente hacia los grupos de menores ingresos.

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“Si los países hacen un esfuerzo amplio, concertado, de replantearse la protección social, que sea universal, que sea verdaderamente incluyente, que sea fiscalmente sostenible y además que sea amigable al crecimiento económico. Esa es una llave que puede empezar a revertir esa trampa”, dijo el funcionario.

El informe dice que en América Latina y el Caribe las tasas de pobreza han disminuido en gran parte porque los hogares reciben transferencias de ingresos y no tanto porque los ingresos de los hogares pobres hayan aumentado.

“La región no debe esperar que las transferencias focalizadas por sí solas eliminen la pobreza. Estas transferencias deben integrarse mejor con las políticas de seguridad social, cubriendo a todos los pobres y no sólo a pobres en las mismas condiciones”, dice el reporte.

Analiza también la concentración de poder en manos de unos pocos como el primer factor que conecta la desigualdad y el bajo crecimiento. El reporte dice que las élites económicas bloquean a menudo reformas fiscales que ayudarían a redistribuir mejor los fondos.

La violencia es el segundo factor que alimenta a “la trampa’” que vive Latinoamérica, dice el reporte.

América Latina y el Caribe representa sólo 9% de la población mundial, pero concentra una tercera parte de los homicidios. El reporte habla tanto de violencia social como doméstica.

“La desigualdad fomenta la violencia en todas sus formas, criminal, política y social, en la región. Pero también ocurre que aquí hay una doble causalidad porque la violencia también afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables y contribuye de esa manera a perpetuar y amplificar la desigualdad”, opinó Marcela Meléndez, economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe.

El tercer factor que contribuye al circulo vicioso son los sistemas de protección social ineficientes, dice el informe.

El martes el PNUD presentará el informe en una conferencia virtual en la que participarán el expresidente de México Ernesto Zedillo, la expresidenta de Costa Rica Laura Chichilla y la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Arancha González, entre otros. AP