El Episcopado respaldó a los obispos acusados ante el Vaticano

La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó ayer su “total respaldo” a los tres obispos que fueron denunciados ante el Vaticano por encubrir abusos sexuales por parte de sacerdotes. Según informó a través de un comunicado, la CEA “declara su total respaldo a lo actuado en la causa conocida como ‘Monasterio del Cristo Orante’ por los obispos Marcelo Colombo, Marcelo Mazzitelli, Dante Braida y el fallecido Carlos Franzini”.

El texto señala que “habiendo tomado estado público una denuncia particular enviada a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, desestimamos de manera rotunda cualquier actitud de encubrimiento por parte de los obispos y sacerdotes mencionados”.

Condena a los abusos

“La Iglesia de Mendoza, conducida por sus pastores, ha declarado con firmeza su condena a las situaciones de abuso que se produjeron en dicho Monasterio y obrado en consecuencia para sancionar a los responsables del delito”, concluyó el comunicado.

Anteyer, los tres obispos argentinos -junto a otras autoridades eclesiásticas- fueron denunciados ante el Vaticano por encubrir abusos sexuales por parte de sacerdotes, en lo que constituye la primera presentación de este tipo desde que el papa Francisco reformó el Código Canónico, según informó el abogado de la víctima.

Colombo, Mazzitelli y Braida fueron denunciados por Nicolás Bustos, en la causa conocida como Cristo Orante. Además de los tres obispos, la denuncia ante el Vaticano abarca a Ricardo Medina, vicario judicial del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, y a los presbíteros Ricardo Poblete y Mario Panetta, de la arquidiócesis de Mendoza.

Bustos pidió que “se los investigue y se determine las eventuales responsabilidades”

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En su escrito, presentado el pasado 1 de junio, el mismo día en que fue anunciada la reforma del Código Canónico, Bustos pidió al Vaticano que “se los investigue y determine las eventuales responsabilidades” en el encubrimiento de los supuestos abusos de los que fue víctima cuando era menor de edad y estudiaba para monje en el Monasterio del Cristo Orante, en Tupungato, Mendoza.

El caso se conoció en enero de 2019, cuando Bustos denunció en la justicia penal a Diego Roque y Oscar Portillo, dos de las autoridades del monasterio, ubicado en el valle de Uco y cerrado por decisión del arzobispado tras el escándalo.

Ahora, el joven, quien aseguró haber sido víctima de los abusos durante cinco años, pidió al Vaticano que “se investiguen por las acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir la investigación canónica, administrativa y/o penal” por parte de Portillo, ya que Roque sí está bajo investigación canónica en el tribunal interdiocesano de Buenos Aires.

La misma presentación fue realizada ante la Nunciatura apostólica de Buenos Aires, sede del Vaticano en el país.

Pruebas

Entre las pruebas aportadas en la causa, es bueno recordar, figuran las actas de las entrevistas que el anterior arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, tuvo tanto con la víctima como con Portillo. Allí, según consta en esa documentación, Portillo reconoce “haber tenido conductas inapropiadas en lo afectivo sexual que ha querido ‘blanquear’ con la comunidad y Nicolás siempre se opuso. Le recuerdo que al ser él el superior, tiene la mayor responsabilidad y queda marcada la relación para siempre”.

Amonestación

Si bien lo que se estaba denunciando era un abuso sexual, Franzini, fallecido en 2017, resolvió “amonestar paternalmente al presbítero Oscar Portillo exhortándolo a cuidar con prudencia sobrenatural y una conducta consecuente su vocación sacerdotal y monástica”, según consta en la presentación ante el Vaticano. Por esta razón, en el escrito entregado ante la Santa Sede, el abogado de la víctima sostuvo que “estas graves irregularidades forman parte del abuso de poder y manipulación de la extinta autoridad eclesiástica contra el Sr. Bustos Norton y prueba cómo el Arzobispado de Mendoza no es la primera vez que manipula y revictimiza a las víctimas de abuso sexual”.

Los abusos habrían sido cometidos entre 2009 y 2015. Fue el 17 de junio de ese último año que Bustos recurrió a Franzini para denunciar lo que ocurría en el seminario. En marzo de este año, casi seis años después de aquel encuentro, el arzobispado de Mendoza resolvió sancionar a Portillo y le prohibió por cinco años “el ejercicio presencial o virtual del ministerio presbiteral, lo cual incluye expresamente presidir celebraciones eucarísticas u otras sacramentales, con participación de fieles, el ejercicio del ministerio de la palabra en cualquiera de sus formas”.