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El Gobierno busca actualizar los valores a partir de abril para usuarios de viviendas y de mayo para las fábricas. Reclamo de consumidores
La subsecretaria de Hidrocarburos de la Nación, Maggie Luz Videla Oporto, anticipó ayer que las subas en las tarifas de gas para usuarios residenciales y comercios podrían oscilar entre el 17 y el 35 por ciento. Mientras, ayer trascendió que unas 30.000 industrias del país sufrirán desde mayo un aumento en el costo del servicio que podría trepar hasta el 100 por ciento. En tanto que representantes de usuarios y consumidores amenazan con ir a la Justicia para frenar cualquier incremento, a la vez que le piden al Gobierno que pesifique los valores desde la producción hasta la llegada del suministro al usuario final.
El reclamo coincidió con el inicio de las audiencias públicas para definir la nueva tarifa transitoria que el Gobierno busca implementar desde el 1º de abril, hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores.
Ayer, Videla Oporto encabezó la primera de las audiencias (la segunda tendrá lugar hoy) convocada por la Secretaría de Energía para determinar el precio del fluido en el ingreso al sistema (Pist), que representa el 40 por ciento del monto total de la factura domiciliaria.
La intención oficial es descongelar los valores de los servicios públicos sin incrementar el déficit fiscal por la vía de los subsidios.
“En la actualidad entre el 55,7 y el 60 por ciento del costo total del gas natural es afrontado por el Estado nacional”, advirtió la subsecretaria de Hidrocarburo al inaugurar el debate público, una etapa obligatoria para el incremento de las tarifas, aunque no vinculante por lo que el Ejecutivo puede definir su propia suba.
En ese marco, la funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados en el Presupuesto 2021 y en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central.
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En el caso del gas, apuntó que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”.
Aseguró además que “las tarifas irán detrás de los salarios y jubilaciones” y que el que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre 110.586 millones y 132.963 millones de pesos. Pero requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde los 36.736 millones hasta los 56.087 millones de pesos, según el escenario que se tome.
“La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17 a 23 por ciento según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26 a 35 por ciento de acuerdo con las estimaciones del REM”, puntualizó Videla.
La subsecretaria de Hidrocarburos sostuvo que “no se requerirían partidas adicionales del Presupuesto” si el Estado nacional reduce su participación y limita su aporte a 37,2 o el 35 por ciento. Lo que implicaría que los usuarios paguen aumentos del componente de gas de entre el 42 y 63 por ciento.
De acuerdo al cálculo oficial, un usuario R31 que hoy paga 702 pesos (sin impuestos) en la distribuidora A, pasaría en julio a 2.160 pesos; pero de cumplirse la pauta presupuestaria, saltaría a 2.653 pesos.
Para la distribuidora B, en ese mes del invierno el aumento del gas llevaría la factura, respectivamente, a 2.396 o a 2.956 pesos.
Si se toman las proyecciones del REM, la suba de marzo a julio pasaría de 2.169 a 2.921 pesos, pero con un menor aporte del Estado saltaría de 2.407 a 3.261 pesos.
Entre los 42 oradores inscriptos para esta audiencia había legisladores, representantes de las defensorías del Pueblo, directivos de entidades empresariales y asociaciones de defensa del consumidor, quienes plantearon su rechazo a cualquier incremento “porque la gente no puede pagar ni un peso más” en el marco de la crisis agravada por la pandemia.
Mientras, ayer se supo también que unas 3000 industrias -grandes y medianas- que compran la energía en el mercado mayorista tendrán desde mayo un aumento en el costo del gas de hasta el 100 por ciento.
Y que las fábricas que adquieren el gas natural directamente a las petroleras negociarán los nuevos contratos en los próximos 45 días, lapso durante el que el Gas Natural Comprimido (GNC) podría incrementarse en más de un 20 por ciento, lo que podría sumar presión a la inflación del segundo trimestre.
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