Nueva intervención de la Corte en defensa de los derechos humanos en Formosa

Una vez más la Corte Suprema nacional debió ocuparse del problema de los derechos humanos en la provincia de Formosa, en esta oportunidad para expedirse en una causa en la que acaba de ordenarle al gobierno formoseño que permita el ingreso de una mujer que vive en La Plata para ver a su madre enferma, en la ciudad de Clorinda. De esta forma, Romina Ibarrola podrá entrar a la provincia y además, de acuerdo con lo dispuesto por el máximo tribunal en caso de ser necesario cumplir un aislamiento, podrá realizarlo en un domicilio particular.

Hace ya mucho tiempo que Formosa permanece en el centro de la polémica debido, en primer lugar, al cierre de sus fronteras que impidió por muchos meses el regreso a la provincia de formoseños que habían trabajado en otros distritos, suscitándose a partir de allí situaciones ciertamente dramáticas cuando algunas de esas personas intentaron forzar su retorno atravesando a nado el río Bermejo.

Como se recordará, en octubre de 2020 un joven de 20 años murió ahogado al cruzar el río Bermejo, cuando buscaba volver a su domicilio familiar en Formosa. El hombre, identificado como Mauro Ledesma, estaba varado en Córdoba y había solicitado en varias oportunidades permiso para acceder a su provincia.

En realidad, fueron entre seis y siete mil los formoseños que no pudieron salvar ese cerco provincial, montado por razones sanitarias según argumentó el gobierno de Formosa.

El problema fue resuelto por la Corte nacional, que intervino en la llamada “crisis de los varados” y ordenó que se les permitiera entrar a Formosa.

Con posterioridad, ya en el curso de este año, la Corte nacional volvió a instar al gobernador Gildo Insfrán, a partir de denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en lugares adaptados para contener a personas para evitar contagios de coronavirus. Y ahora el alto tribunal le ordenó que permita el ingreso de Ibarrola, cuya madre se encuentra grave a raíz de una enfermedad oncológica. La Corte consignó expresamente que la mujer platense cumpla su aislamiento en la casa de su madre en Clorinda y no en un hotel o en un centro de aislamiento obligatorio.

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Cabría agregar que en estas horas se investiga una denuncia referida a que un grupo de mujeres embarazadas de comunidades aborígenes formoseñas se refugiaron en el monte, escondidas, para evitar que las fuerzas de seguridad las aíslen de sus hijos al parir por 14 días o más, según se aseguró en medios periodísticos metropolitanos.

En los testimonios periodísticos recibidos, siete embarazadas que pidieron preservar su identidad contaron la persecución que dicen sufrir por parte de las fuerzas de seguridad del gobernador Insfrán.

No es un secreto que algunos gobernadores siguen manejando a su arbitrio situaciones que están regladas por las leyes, la Constitución nacional y los tratados internacionales. Sin embargo, el hecho de que no sea un secreto no implica, en absoluto, que deban consentirse estos desbordes inadmisibles. La intervención de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos por situaciones que se presentaron en Formosa respondió, entonces, no sólo a la defensa de valores que son universales, sino a la necesidad de que nuestro país respete los compromisos asumidos.

Se habla de provincias gobernadas desde hace demasiado tiempo por funcionarios a los que, dado el escaso apego a las formas republicanas con que conducen a sus administraciones, se los ha llamado y define con entera razón como “señores feudales, que han logrado consolidar territorios autocráticos y que, ahora, con la excusa de la pandemia, pretenden pasar por encima de los derechos y garantías elementales de las personas.

Está claro que ninguna Provincia puede, además, vulnerar los límites de un sano federalismo regido por la letra de la Constitución. En buena hora, entonces, estas intervenciones correctivas de la Corte.