El “efecto Amado” puso en el frezzer la reforma judicial

La reforma judicial que propone el Gobierno naufraga en la falta de consenso. El oficialismo no consigue los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados, pese a que Alberto Fernández incluyó el proyecto en el listado de convocatoria a las sesiones extraordinarias. La reducción de la condena a prisión de Amado Boudou no contribuye, precisamente, a la conformación de una mayoría favorable a la sanción de la ley, que ya cuenta con la aprobación del Senado.

De hecho, el beneficio que recibió el ex vicepresidente de parte un juez, que lo dejó en el umbral de acceder a las salidas transitorias, repercutió negativamente entre los bloques a los que el Frente de Todos debería sumar para avanzar con la reforma judicial. “No hay consenso y es muy difícil que lo haya, porque hay una camada política con causas penales”, advirtió la diputada Graciela Camaño, del Interbloque Federal, ligado al ex ministro Roberto Lavagna.

Ese razonamiento de orden político también se aplica para los cuatro diputados que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con lo cual se fortalece la postura de Juntos por el Cambio, que consiste en un rechazo frontal a las reformas institucionales que impulsa el Gobierno en el campo judicial, tanto para el fuero federal como para el Ministerio Público Fiscal. La situación deriva en una indefinición sobre el demorado regreso de la actividad parlamentaria.

El parámetro que toman en la Cámara baja sobre los números que puede conseguir el oficialismo es el de la última sesión oficial, de fines de diciembre, cuando obtuvo 132 votos para la sanción de la fórmula de haberes previsionales con el apoyo de bloques aliados, incluyendo a “Los cuatro de Córdoba”. Pero con la reforma judicial, el FdT sólo pudo avanzar en el Senado, donde cuenta con mayoría propia, pese a que Cristina Kirchner no se declaró una entusiasta de la iniciativa.

Entre las bancadas opositoras atribuyeron a “desaveniencias” del propio oficialismo la falta de convocatoria para el regreso a la actividad del Congreso. Mencionaron, en ese sentido, la paralización de la reforma judicial –por la que pidió especialmente Alberto Fernández- y de los cambios al Ministerio Público, con modificaciones sustanciales en el mandato del procurador y en el control político de la actuación de los fiscales federales, entre otros puntos controvertidos.

En el Frente de Todos tampoco hay acuerdo por la ley de Biocombustibles, que fue aprobada por el Senado pero que, sugestivamente, no incluyó Alberto Fernández en la lista de sesiones extraordinarias para la Cámara baja. En ese caso, la división se da entre los diputados de provincias que tienen actividad petrolera y los que provienen de la zona núcleo, como los bonaerenses. La discusión es si la producción de biodiesel mantendrá beneficios impositivos como hasta el año pasado.

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Por lo pronto, la actividad parlamentaria se retomará mañana con una exposición del ministro de Salud, Ginés González García, ante los diputados por vía remota, para aclarar dudas respecto de la provisión de vacunas contra el coronavirus y analizar la situación epidemiológica. Para la semana próxima, en tanto, se aguarda la convocatoria al trabajo en comisiones, para abordar temas menos ríspidos que la reforma judicial, como la ley que regirá el endeudamiento externo.