Se agrava la crisis: entre el Gobierno y la Corte

La tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema no logró ser apaciguada tras la postergada visita del ministro Martín Soria (Justicia) al Palacio de Tribunales: el funcionario cuestionó ayer fuertemente el funcionamiento del cuerpo de cortesanos y del servicio de justicia en general y dos horas después el máximo tribunal emitió un fallo en el que condena a la Nación a devolver $86 mil millones a Santa Fe por deudas por la Coparticipación Federal. Esa resolución fue tomada por el Gobierno como “extorsiva” al igual que las versiones que dan cuenta de una pronta acordada que declararía inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura por ser favorable al “poder político”.

Por primera vez desde su asunción hace casi 8 meses, Soria visitó las oficinas de la Corte y mantuvo una reunión de media hora con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Encuentro tenso

En el Gobierno reconocieron que el encuentro fue “tenso” y que después de mucho tiempo los cuatro ministros “escucharon de un funcionario planteos con posiciones antagónicas” a las que defienden en el cuerpo.

A la salida de la reunión, el ex intendente de General Roca disparó sus críticas sin ningún reparo al asegurar que observaba en la Corte una “crisis de funcionamiento que atenta contra la legitimidad” y cuestionó a los altos magistrados por una supuesta demora en la tramitación de las causas de lesa humanidad.

Luego, a través de su cuenta de Twitter, relató que “mantuve una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.

Es que el oficialismo viene fundamentando sus proyectos de reforma de Justicia, hoy cajoneados en el Parlamento, por la supuesta actuación de una “mesa judicial” del macrismo que presionaba jueces para acelerar causas contra ex funcionarios kirchneristas.

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Casualmente ayer se conoció que, debido a la renuncia de Esteban Bullrich a su banca en el Senado a consecuencia de padecer la enfermedad ELA, asumiría en la cámara alta José Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri y uno de los sindicados por el Gobierno de haber ocupado este supuesto grupo de influencias tribunalicias.

Mantuve una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces. pic.twitter.com/QjcuuYmiII

— Martin Soria (@MartinSoria_) December 7, 2021

Según contaron en el Gobierno, el encuentro de la víspera transcurrió en “términos respetuosos” y los ministros escucharon los planteos de Soria sobre el funcionamiento del máximo tribunal y del servicio de justicia en Argentina. “No están acostumbrados a eso y uno supone que contentos no están. Pero tampoco se debatieron estas reformas”, explicó una calificada fuente consultada que admitió que tampoco se trató vacante que hay en el máximo tribunal a raíz de la renuncia de Elena Highton de Nolasco. “Sólo el Presidente está con ese tema. Aunque no es lo ideal para su funcionamiento, los ministros tampoco tienen apuro”, agregó.

Hoy la correlación de fuerzas del oficialismo con la oposición no le posibilitaría a Alberto Fernández elevar un candidato sin un consenso previo. De hecho, el Frente de Todos ha perdido el quórum en la cámara alta donde se designan los nuevos jueces.

Sin comentarios

Desde el máximo tribunal, en tanto, optaron “por no hacer comentarios”. Pero un rato después dieron a conocer una resolución por un reclamo de la provincia de Santa Fe contra la Nación por una retención indebida por Coparticipación y en la “acción declarativa de inconstitucionalidad”, condenaron al Ejecutivo a devolver a este distrito unos $86 mil millones.

Para la Casa Rosada la difusión de esta sentencia no fue una causalidad. “Son herramientas extorsivas a las que nos tienen acostumbrados. La tenían guardada y la sacaron ahora al igual que han echado a rodar la resolución sobre el Consejo de la Magistratura. Por eso decimos que en lugar de trabajar para su autopreservación, los jueces deben hacerlo en función de los intereses de la gente”, completó el funcionario consultado.

La magistratura

La supuesta acordada que el máximo tribunal oficializaría antes de la feria judicial de enero anularía la actual composición de la Magistratura y la volvería a su integración original, que permitiría que Rossatti, actual presidente de CSJN, pudiera encabezar la institución. Fue por ello que el pasado lunes el Gobierno envió al Senado un proyecto “correctivo” que amplía la actual integración de 13 a 17 miembros, haciendo de alguna forma lugar al planteo de inconstitucionalidad contra el actual organigrama, dado que tiende a ampliar la participación de abogados y garantizar la cuestión de género.

En verdad, el expediente por el reclamo santafesino había sido nuevamente motorizado semanas atrás ante una presentación de los abogados de la provincia litoraleña que gobierna un gobernador cercano a Fernández, como lo es Omar Perotti. Hizo recordar la resolución del máximo tribunal que benefició en igual forma a la misma provincia junto a San Luis y La Pampa por un planteo similar, al comienzo del gobierno de Macri.

Pero el actual fallo le pega al Gobierno de lleno no sólo por su significancia política sino también por su alto peso para el fisco. Más allá que se pueda cancelar con bonos, no deja de ser una señal de alarma en momentos en que Economía busca reducir el déficit fiscal para poder llegar a un acuerdo con el FMI por la deuda de 44 mil millones de dólares.

También parecería una señal de advertencia a la Casa Rosada: el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, que ya obtuvo un guiño de la Corte cuando se opuso al cierre de escuelas durante la cuarentena, también presentó un amparo ante el máximo tribunal por el recorte de la Coparticipación que le impuso el Ejecutivo en 2020.