Le incumbe al Estado y no a los vecinos velar por la justicia y la seguridad

Las bandas delictivas siguen a sus anchas en La Plata. No sólo asaltan, hieren o matan a la población sino que, además, disputan entre ellas el manejo de territorios y de negocios como la venta de drogas, en una sucesión de crímenes y represalias que se reitera desde hace años. Lo que antes era visto como característico de otros países asolados por carteles y mafias peligrosas, ahora se encuentra ya plenamente operativo en nuestra zona.

Al mismo tiempo, se suceden en muchos barrios casos de justicia por mano propia, como el ocurrido hace pocas horas en Villa Elvira en donde un grupo de vecinos incendió el jueves pasado a la madrugada una casilla y mató a golpes a un adolescente de 17 años, al que sindicó como supuesto agresor y al que atacaron como represalia por el asalto contra un joven que agoniza en el hospital San Martín con un tiro en la cabeza.

El problema no se presenta sólo en Villa Elvira, sino que encuentra escenario en muchos otros barrios de la Región. La delincuencia ha expandido su presencia y ha logrado atemorizar a la población en el centro y la periferia de La Plata, Berisso y Ensenada, en una situación que –en las últimas horas- pareció que podría comenzar a revertirse con el anuncio del Gobierno nacional del denominado “programa de fortalecimiento de seguridad para municipios del Gran Buenos Aires”.

El plan anunciado por el Presidente de la Nación prevé una inversión de 37.700 millones de pesos para 2.200 nuevos móviles, 4.000 paradas seguras, 12 unidades carcelarias, 3.957 nuevos efectivos de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires y 10.000 nuevos agentes que se formarán durante 18 meses en academias descentralizadas en los municipios.

Además, a través de un convenio con la provincia de Buenos Aires, se transferirán 10 mil millones de pesos para adquirir chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento, municiones, tecnología analítica aplicada y móviles policiales. Se dijo asimismo que el plan oficial supondrá duplicar la presencia de fuerzas federales en el Conurbano

Sin embargo, este programa de seguridad no será aplicado en La Plata, Berisso y Ensenada. Se debe suponer que, en este caso, se habrá dado por cierto que la Región platense no forma parte del área del Conurbano bonaerense.

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Sea como sea, las autoridades con incumbencia en el tema no pueden soslayar que la inseguridad viene recrudeciendo en nuestra zona, a través de una sucesión de robos, asaltos violentos, disputas territoriales entre bandas, propagación del narcotráfico y por otros episodios de similar gravedad y repercusión social, en una situación que viene generando justificados reclamos vecinales en distintos sectores. Y en la solución de este grave problema deberán volcar todos los esfuerzos y recursos disponibles.

Ya se advirtió varias veces en esta columna que cada vez más las personas y grupos vecinales que se resisten al accionar de los delincuentes, pero que además deciden atacarlos buscando así hacer justicia por mano propia, llegándose a veces, cuando el intento de robo ya había sido conjurado, al extremo de matarlos o de herirlos gravemente. En ocasiones, ni siquiera se trata de las víctimas directas del delito, sino de vecinos que deciden impulsar ese tipo de represalias.

Llegar a suponer que cualquier habitante se encuentra autorizado para golpear, herir o matar a presuntos delincuentes, constituye un grave desvío y una ilicitud penada por la ley. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes. Le incumbe al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad la tarea de velar por la vigencia de las normas legales.