Contra las cuerdas, jardines maternales y centros infantiles piden un “salvavidas”

Los jardines maternales de gestión privada insisten en visibilizar el mal momento que el sector está atravesando. Cerrados en todos estos meses que lleva la pandemia del coronavirus y con el único recurso de la ATP (el aporte que realiza el gobierno nacional a los emprendimientos particulares que dejaron de recibir ingresos), volvieron a salir ayer a la calle, en la segunda movilización a nivel nacional, para reclamar a las autoridades “una ayuda económica” que les permita sobrevivir a las consecuencias económicas del COVID-19.

Se trata, concretamente, de los jardines maternales e instituciones de primera infancia, que se plantaron frente a la sede de la Casa de Gobierno e hicieron oír su reclamo. Finalmente, luego de varias horas de concentración, los representantes del sector consiguieron entregar el petitorio con la demanda a las autoridades y ahora esperan una próxima reunión con funcionarios del área de Producción provincial.

“Ya se hace insostenible la situación porque la ayuda de los padres va cayendo y es entendible”.

María Florencia Botes, CADI de 30, 42 y 43

Desde el sector advirtieron que sin apertura y sin subsidios “estamos condenados al cierre definitivo de las instituciones”. Y se señaló, al mismo tiempo, que a la fecha ya han cerrado más de 500 centros en todo el país.

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“Es la segunda marcha federal que hacemos. Pedimos un subsidio o ayuda económica para los jardines”, precisó María Florencia Botes, una de las manifestantes apostadas en 6 entre 51 y 53. Además explicó que “si bien el ATP nos ayudó no todas las docentes lo recibieron. Ya se hace insostenible la situación porque la ayuda de los padres va cayendo y es entendible”.

Al mismo tiempo, la propietaria del CADI situado en 30 entre 42 y 43, explicó que “no podemos sostenernos más porque hay que pagar alquileres y cargas sociales. Estamos al borde de la quiebra, sacando préstamos y deudas. Pedimos una ayuda del Gobierno, un salvavidas”.

Igual que el resto de las instituciones educativa, los CADI permanecen cerrados desde una semana antes del comienzo de la cuarentena. A partir de esa fecha dejaron de percibir las cuotas mensuales, pero, sin embargo, mantienen gastos que les está resultando “imposible” de afrontar.

Impulsado por el intendente Julio Garro y el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, se aprobó un proyecto anteayer en el Senado provincial para que se le otorgue una “asistencia extraordinaria” a los establecimientos educativos de gestión privada.

El objetivo de la iniciativa, ahora con media sanción legislativa y a la espera de que se resuelva en la cámara de Diputados, es “garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos”, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Para eso, se propuso la creación de un régimen extraordinario de aporte estatal no reembolsable durante el plazo de suspensión de clases.