Un conflicto que estalló en tiempos del equilibrio inestable que vive el oficialismo

Puede decirse, por varios motivos políticos y económicos que se entrecruzan, que el conflicto con la Policía llega en un momento poco oportuno para el gobierno bonaerense.

Asoma en un escenario plagado de interrogantes y de suspicacias. El reclamo salarial es válido, según se encargan de admitir los propios funcionarios. Lo que está en cuestionamiento es el mecanismo que se utilizó para fogonear las demandas y algunos límites que se traspasaron como el sirenazo en las puertas de la residencia de Axel Kicillof o los planteos que llegaron hasta la residencia de Olivos que generaron incluso el rechazo de la oposición.

La exigencia policial revela, en una primera instancia, la falta de timing de los encargados del ministerio de Seguridad. Quizás hayan pecado en subestimar el malestar que existía en la fuerza y se tentaran por descartar la protesta que se venía anunciando a través de las redes sociales.

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Algunos memoriosos recuerdan que la impronta altiva de Sergio Berni no es la primera vez que es desafiada por sus subordinados. Le ocurrió cuando era subsecretario de Seguridad en el gobierno de Cristina Kirchner con la Gendarmería y la Prefectura. Ahora, junto a Kicillof, volvió a sucederle con la Bonaerense. El ministro admitió además en las últimas horas que se rompió la cadena de mando en la Policía. Es el reconocimiento de que su conducción ha quedado seriamente dañada por la protesta y que existen responsabilidades compartidas con la cúpula de la fuerza que se mostró impotente para contener los reclamos.

Ese desafío a la conducción del ministerio de Seguridad podría contar con otros condimentos. Acaso, con la complacencia de algunos sectores políticos del propio oficialismo. Hay quienes no pasan por alto que varias de las protestas más virulentas tuvieran como epicentro distritos del Conurbano gobernados por intendentes del peronismo. Si hay alguien que conoce qué es lo que ocurre con la policía en sus comarcas, esos son los jefes comunales. Resulta por lo menos curioso el silencio de buena parte de los intendentes frente a un conflicto que fue ganando en intensidad y que puso en vilo a la sociedad.

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En ámbitos oficiales se habla de un posible “vuelto” a Sergio Berni corporizado en aquella actitud. Se trata de una especulación que bordea la denuncia. El ministro no ha cosechado buenos amigos entre los intendentes, que cuestionan su estilo de conducción y sus particulares modales. Muchas de esas discusiones se ventilaron incluso en presencia de Kicillof.

En las últimas horas hasta sobrevoló la versión del supuesto interés de un grupo de alcaldes de coronar un nombre para reemplazar a Berni, acaso como el reverdecer de aquella vieja aspiración no satisfecha de encontrar un hueco de relevancia en el gabinete provincial. Pero el ministro, pese a todo, fue ratificado en el cargo y sigue contando, nada menos, que con el aval de Cristina Kirchner.

Sobrevuelan otras cuestiones que acaso crucen el clima inestable que se vive en el oficialismo. Tiene que ver con el futuro político de buena parte de los jefes territoriales atado con forma de cepo a una ley que les impide la reelección a todos aquellos que están completando su segundo período de gobierno consecutivo.

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Es un tema que inquieta porque pone en juego el territorio en el menú de ofertas que pueda ofrecer el PJ. Muchos de estos alcaldes pretenderían que esa ley votada durante el gobierno de María Eugenia Vidal cayera, pero otra vez hay oposición intestina. La Cámpora saborea la posibilidad de quedarse con varios de esos territorios. Y Kicillof, se dice, no hará nada para impedirlo.