Para descomprimir tensiones evalúan invitar a la Corte a opinar sobre la reforma

Frente a la comprobación de que la oposición mayoritaria se encamina a vaciar el debate de la reforma judicial en el Congreso, el oficialismo empieza a emitir señales políticas tendientes a descomprimir la discusión. Una de ellas recaerá sobre el presidente Alberto Fernández, quien podría invitar a la Corte Suprema a participar de las deliberaciones de la comisión de juristas que deberá recomendar eventuales modificaciones al máximo tribunal del país.

La invitación a la Corte fue reclamada por la comisión asesora, que ya se reunió en dos oportunidades por videoconferencia, y se hará extensiva al Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y también el de Defensa, así como a los decanos de las facultades de derecho. Se trata de un gesto político que intenta reparar el hecho de que el Poder Ejecutivo quiere reformar el Poder Judicial sin consultar su opinión sobre los cambios a implementar.

Uno de los miembros de la comisión, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se presentó ayer ante un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado y dio otra muestra de diferenciación: polemizó con el kirchnerista Oscar Parrilli al considerar “potencialmente negativo el intento de incluir la facultad de los jueces de denunciar a los poderes mediáticos, porque esto es contrario a la libertad de expresión en nuestra Constitución”.

Pero desde la oposición mayoritaria, Juntos por el Cambio, se mantiene la advertencia de que la comisión de juristas está influenciada por el oficialismo porque uno de sus integrantes es Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esa postura no dificultará la votación de la reforma en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría, pero dificulta el funcionamiento de la Cámara de Diputados, donde JxC no accede a renovar el protocolo de sesiones remotas.

En medio de esa discusión política, el propio Alberto F. salió ayer a marcar su postura en declaraciones radiales, al calificar de “insólito” que JxC no quiera tratar el proyecto en Diputados y señalar que eso forma parte de “la discusión hipócrita de la Argentina”, aunque al mismo tiempo se mostró partidario de introducir modificaciones a la iniciativa porque puede ser “mejorable” y “perfectible”.

En el Senado, de hecho, se abrieron conversaciones con los gobernadores para aceptar sugerencias, ya que la reforma de la Justicia federal incumbe a las provincias porque se crearán 94 juzgados en los 24 distritos. La incorporación de los mandatarios podría garantizarle al oficialismo los votos necesarios para aprobar la ley en la Cámara baja, dado que allí la relación de fuerzas es más ajustada y pesan los diputados de bloques chicos como los misioneros y los cordobeses.

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Mientras tanto, la estrategia de JxC pasa por demorar el tratamiento de la reforma, a la espera de un “efecto Vicentin” que obligue al Presidente a dar marcha atrás, lo que podría provocar una parálisis legislativa, tal como publicó EL DIA el último domingo.

Con la impronta política del ex presidente Mauricio Macri, la ex diputada Elisa Carrió y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, las fundaciones del PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo advirtieron ayer en un comunicado conjunto que “se trata de una reforma inoportuna, innecesaria, mal estructurada, altamente costosa y con aspectos de dudosa constitucionalidad”.

“La oportunidad elegida para lanzar estos proyectos resulta al menos llamativa. Nos encontramos atravesando un delicado momento sanitario producido por la pandemia del COVID-19, el propio Poder Ejecutivo ha decretado la emergencia sanitaria y económica y se avecina una crisis social y económica sin precedentes”, coincidieron en señalar la Fundación Alem, la Fundación Pensar y el Instituto Hannah Arendt.

Y concluyeron: “Las reformas judiciales no pueden ser diseñadas a las apuradas ni impuestas por la fuerza de mayorías legislativas circunstanciales. Este tipo de modificaciones institucionales deben ser discutidas a través de un amplio y generoso diálogo”. Habrá que ver ahora si la invitación presidencial a la Corte Suprema cambia el rechazo intransigente de la oposición.