La Corte, como botín político de los gobiernos de turno

Resulta claramente paradójico. La misma Justicia que tiene un peso decisivo en el control del ejercicio del poder debido a que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de las decisiones del Presidente y del Congreso de la Nación, nace con el pecado original de haber sido concebida por gobernantes y legisladores. El equilibrio de poderes es propio del sistema republicano pero en este caso el contrapeso está tan desbalanceado que resulta letal. Los jueces de todos los niveles acceden al cargo por decisión de los otros dos Poderes. El Ejecutivo los nombra y el Senado da su imprescindible visto bueno. En el caso de los jueces federales con competencia penal que juzgan los casos de corrupción sus nombramientos vienen precedidos de febriles negociaciones en oficinas públicas, empresas privadas, domicilios, unidades básicas, comités y sindicatos. El examen de idoneidad ante el Consejo de la Magistratura es un recaudo necesario pero no suficiente. Las decenas de postulantes que lo aprueban deben superar después el otro escrutinio más severo y más disputado: la transa política.

El partido o alianza vencedora en el comicio considera que la perinola de las elecciones muestra la cara de “toma todo” y actúa en consecuencia. Con más prisa que pausa apunta a cobrar el premio, o mejor dicho el botín, mayor: la modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es quien, en última y definitiva instancia, decide sobre la inconstitucionalidad de actos administrativos y leyes. Por eso, una muestra ejemplar del corsi e ricorsi de nuestra historia, es la lucha por el Tribunal cimero que aparece en todo período post-electoral. En este mismo espacio, hace casi tres lustros escribí: “En el año 1958 el número de magistrados de la Corte Nacional fue elevado de cinco a siete, reduciéndose nuevamente a cinco por el gobierno de facto surgido en 1966. Tal como ocurriera en los golpes de 1930, 1943 y 1962, las autoridades militares dispusieron el cese de todos los jueces del Alto Tribunal, aunque esta vez agradecieron ‘los importantes servicios que han prestado a la Nación en el desempeño de sus funciones’. A las cinco de la mañana del 5 de abril de 1990, con muy pocos legisladores presentes, la Cámara de Diputados sancionó la ley proyectada por el gobierno del Presidente Menem, quien había asumido en julio de 1989, elevando aquel número a nueve” (“Poder Judicial y Poder Político”, EL DIA, 10 de abril de 2006, p. 6).

Los gobiernos militares, con apenas algún gesto aprobatorio de los sectores económicos beneficiados con el golpe y el guiño de alguna embajada, echaron a empujones a los jueces rebeldes y en tiempos de Menem -según se dijo sin desmentida a la vista- la “cláusula no escrita” del Pacto de Olivos facilitó el despropósito. La historia se repite para mal. El acuerdo político brilla por su ausencia; pero -eso sí- ahora se guardan las formas. La intentona la anuncia el Presidente desde la Casa Rosada (aunque la prensa no puede preguntar, claro) y la necesidad del asalto a la Corte será refrendada por una Comisión que integran juristas con experiencia como León Arslanian que era ministro de Justicia cuando Menem lo hizo, su socio Alberto Beraldi que conoce como nadie los pasillos de Comodoro Py ya que ejerce la defensa de Cristina Kirchner, magistrados provinciales y abogados miembros de la agrupación Justicia Legítima, otros militantes del oficialismo y dos o tres juristas imparciales. Se especula si el dictamen de mayoría a favor del aumento del número de jueces de la Corte se impondrá frente al de la minoría por 8 a 3 o por 9 a 2. Nadie imagina otro resultado.

La coalición gobernante hizo de la colonización de la Justicia una cuestión de Estado. No es un fin en sí mismo, naturalmente. Pero si se logra (y hasta ahora la faena es exitosa), se facilita el uso de muchos medios y la obtención de varios fines lucrativos en más de un sentido. La bibliografía es abundante pero por su poder de síntesis recomiendo el libro de 380 páginas de Pablo Abiad y Mariano Thieberger, “Justicia era Kirchner. La construcción de un poder a medida”, (Editorial Marea, 2005). Pero antes se habían escrito palabras sabias e inmejorables, de imprescindible recuerdo: “El poder, para legitimarse en forma absoluta, necesita subordinar la Justicia hasta su anulación; ampliación de la Corte Suprema; el puntual copamiento de cada uno de los organismos de control del Estado; el acotamiento de derechos y garantías individuales; la completa remodelación del fuero federal donde están sometidos a juicio medio centenar de funcionarios; y una asombrosa picaresca de negocios personales” (Horacio Verbitsky, “Hacer la Corte. La construcción de un poder absoluto sin justicia ni control”, Editorial Planeta, 1993). Eran otros tiempos por supuesto; pero en el tobogán descendente del devenir argentino lo escrito hace 20 años para demostrar el abuso de poder menemista califica con asombrosa precisión para el presente abuso de poder kirchnerista.