Un ex concejal y dos ex funcionarios se presentaron como damnificados en la causa espionaje

Un ex concejal y dos ex funcionarios platenses se presentaron como particulares damnificados en la causa por espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales y de la iglesia y que tiene como principal imputado al ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense Guillermo Berra y su pareja, Rosario Sardiña. 

Se trata del ex edil Gabriel Céspedes, de Lorena Baum, ex subsecretaria de Empleo, y Juan Faroppa, ex director de Higiene Urbana, quienes pidieron ser damnificados en la causa a través de un escrito que presentó en las últimas horas en las Justicia platense, con el ex intendente Pablo Bruera como abogado patrocinante.

Los tres aparecen en los listados de dirigentes que habrían sido víctimas de escuchas y tareas de inteligencia ilegal en el marco de lo que se conoce como la "mesa bonaerense" de espionaje, que tiene 

"Hubo un sistema de persecución planificado de persecución armado en los más altos estrados del gobierno. Y usaban el espionaje para el armado de causas, pretendían dominar el escenario político y comunicacional", plantea el escrito presentado en el Juzgado de Garantías nº1 de La Plata a cargo de Guillermo Atencio. 

La causa tiene como principal imputado a Berra, investigado por la presunta utilización de fondos públicos para obtener "información y almacenar datos" de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial. 

Según la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI 15, Berra incurrió en "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado", delitos que en los que habría tenido participación su pareja, María Rosario Sardiña, ex auditora sumarial de la Policía. 

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En el escrito presentado por Céspedes, Baum y Faroppa, al que tuvo acceso EL DÍA, se plantea que "conforme se ha dado a conocer el listado de investigaciones ilegales llevadas a cabo por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense a cargo de Guillermo Berra y encontrándonos ilegalmente investigados, violando así todos nuestros derechos y garantías (...) se demuestra una vez más la persecución política que se llevó a cabo en nuestra ciudad contra todo militante de la oposición de aquellos oscuros años de la gestión PRO".