La ley para darles más derechos a víctimas, en medio de idas y vueltas en Diputados

El tratamiento del proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la ley nacional de víctimas, que le da más participación en los procesos y en el otorgamiento de prisiones domiciliarias, quedó ayer en medio de idas y vueltas en la Legislatura bonaerense. El oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados buscaron hasta la noche llegar a un consenso para llevar el proyecto a la sesión de hoy. Pero finalmente se resolvió postergarlo para las próximas sesiones.

Se trata de una ley que en las últimas semanas quedó en el centro del debate por la polémica que se abrió a partir del otorgamiento por parte de la Justicia de medidas de excarcelación a detenidos alojados en cárceles bonaerenses en grupos de riesgo de contraer coronavirus.

En la Legislatura hay ingresadas varias iniciativas que van todas en el mismo sentido: adherir a la ley nacional de víctimas, que ya se sancionó en el Congreso, modificando el Código de Procedimiento Penal bonaerense para adaptarla a esas disposiciones que tienen que ver con otorgar más participación a las víctimas.

Una de las iniciativas es de la diputada platense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo, quien trabajó junto a grupos de víctimas de delitos para la sanción, en julio de 2017, de la ley en el Congreso de la Nación.

También hay proyectos firmados por la diputada Sandra París, otro del diputado Fabio Britos (del bloque 17 de Noviembre) y del ex diputado Ramiro Gutiérrez.

La adhesión por parte de la Provincia a la Ley Nacional está pendiente de 2017 pero la discusión había quedado en stand by en los últimos años, en medio de la parálisis que sufrió la Legislatura bonaerense en los últimos dos años de la gestión de Cambiemos.

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Eso, hasta que en las últimas semanas estalló el debate por el hábeas corpus otorgado por el juez de Casación Víctor Violini, que habilitó el otorgamiento de medidas de excarcelación para detenidos condenados que formen parte de grupos de riesgo de contraer coronavirus.

El fallo y la polémica que se abrió posteriormente reavivaron el debate por la situación de las víctimas en los procesos penales de la provincia de Buenos Aires, donde a diferencia de lo que ocurre en otras provincias que sí adhirieron a la ley nacional, no tienen un rol asignado en los procesos penales. Por caso, no son consultados para tomar postura ante el eventual otorgamiento de medidas de excarcelación de los condenados.

Y, en ese marco, fue la Suprema Corte de Justicia la que pidió a la Legislatura que apure su sanción. Fue en el fallo del lunes de la semana pasada que terminó revocando el hábeas corpus de Casación. Allí, los jueces del máximo tribunal exhortaron a las cámaras de la Provincia a abordar “en un plazo razonable el examen y decisión sobre las adecuaciones a la legislación provincial para hacer efectiva la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que dictó el Congreso de la Nación”.

Sin avances

El mensaje de la Corte llegó a la Cámara de Diputados, donde en el marco de la reactivación de la actividad Legislativa la oposición empezó a empujar el tratamiento de un proyecto de ley de víctimas.

Todo parecía encaminado a que la norma se trate en la sesión que se hará esta tarde en la Cámara de Diputados. Es que en los últimos días también circuló por el cuerpo el borrador de un proyecto que hizo llegar un sector del gobierno bonaerense y que unificaba todas las iniciativas presentadas.

Pero ayer por la tarde el escenario empezó a complicarse. Según la oposición, fue el Frente de Todos el que decidió dar marcha atrás. Algunas versiones apuntaron a un malestar que habría surgido en el Ministerio de Justicia que conduce Julio Alak por no haber sido consultados sobre una ley que viene a modificar artículos del Código de Procedimiento de la Provincia.

“La complicó el oficialismo. Nosotros estábamos para tratarla y que salga pero estuvo la decisión de no avanzar”, decían ayer en el bloque de diputados de Juntos por el Cambio.

Por ahora, el debate para saber si las víctimas de delitos podrán tener participación en los procesos en la Provincia debería esperar.