Acuerdo UIA-CGT para que empleados suspendidos cobren el 75% del sueldo

Tras intensas negociaciones, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) firmaron un acuerdo que garantizará a los empleados suspendidos cobrar el 75 por ciento del salario mientras dure esa inactividad. Se da en el contexto de crisis económica agravado por el parate de la cuarentena por el Coranavirus en el sector productivo.

El acuerdo ya fue elevado al Gobierno, que en las próximas horas deberá dar su aprobación. La firma entre el sector gremial y la entidad que conduce Miguel Acevedo tuvo lugar ayer por la tarde y posteriormente el acuerdo fue trasladado al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni.

La negociación fue por momentos tirante antes de llegar a buen puerto, según admitieron fuentes de ambos sectores. Es que la central obrera llevó a la mesa una propuesta de un descuento de un 20 por ciento para el trabajador suspendido a la mesa de diálogo. Mientras, la UIA pretendía, que junto al aporte del salario complementario que realizará el Estado, el pago de la mensualidad alcance el 60 por ciento.

El Gobierno habría mediado para que finalmente la quita salarial del 25 por ciento al empleado suspendido.

“Con el objetivo de atender la situación derivada de la emergencia sanitaria en el entramado productivo nacional y el mundo del trabajo, habida cuenta del dictado del DNU 376/20 y todas las normas concordantes, las partes aquí presentes consideran y analizan la marcha y aplicación del sistema de normas y ayudas implementadas hasta el momento y entienden necesario promover el dictado algunas otras que permitan despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios por la situación imperante, a los cuales debe asegurarse sus ingresos atendiendo también la situación especial que atraviesan la empresas en el marco de esta crisis sanitaria”, reza el prólogo del acuerdo gremial-industrial.

Los empleadores podrán disponer “la aplicación de las suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial, según sus respectivas realidades productivas”, dic el texto. El plazo de vigencia de esta suspensión será de hasta 60 días, con efectos a partir del 10 de abril de 2020.

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A cambio, el monto que los empleadores “deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75 por ciento del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre éste monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23660 y 23661 y el pago de la cuota sindical”.

ASISTENCIA A LAS EMPRESAS

Por otra parte, el gabinete económico se reunió ayer en la Casa Rosada para analizar las medidas de apoyo a las familias y empresas en el marco del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), lanzado una semana atrás, ante la crisis económica generada por el aislamiento obligatorio por el coronavirus.

El Gobierno informó que se hará cargo del pago de hasta el 50 por ciento del salario de más de 1.600.000 trabajadores que se desempeñan en 180 mil empresas. “S in embargo la mayoría de los empresarios todavía no cargó la información necesaria para que el Estado deposite los fondos en las cuentas de los trabajadores para hacer frente a los salarios que se pagan en mayo”, acusó.

El programa estatal de asistencia económica incluye, además del pago de la mitad del salario de trabajadores de empresas privadas, créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos, entre otras medidas del ATP, para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Las empresas beneficiadas en el marco de este programa fueron informadas hace cinco días y, a pesar de las notificaciones formales a cada una de ellas, “todavía faltan cargar los datos de más de un millón de trabajadores, lo que impide por el momento que puedan acceder al beneficio, según fuentes de la Casa Rosada.

Desde el Gobierno señalaron que “cuanto más tarden” las empresas en brindar los datos bancarios de sus trabajadores “más se demorará en cobrar el 50 por ciento del sueldo”.