Nada justifica la impunidad de la mafia de las usurpaciones

Una vez más se encuentra planteado en nuestra ciudad el grave problema de las usurpaciones de tierras que, como es habitual, se presentan acompañadas por episodios de violencia registrados en numerosos barrios y localidades del distrito, en ocasiones con disparos de armas de fuego, peleas por la posesión de parcelas y amenazas a vecinos. Ahora este verdadero flagelo se reproduce y se ve agravado en un enorme predio de Los Hornos, que lleva ya 22 días usurpado, en un episodio en el que los vecinos no ocultan su decepción ante lo que calificaron como inacción de las autoridades de las órbitas nacional, provincial y municipal.

Limitado por las calles 76 a la 91, desde la 141 a la 153, ese espacio se convertiría en blanco de la toma ilegal de tierras más grande de la provincia de Buenos Aires, con una superficie que alcanza a 164 hectáreas y que estarían ya casi todas tomadas, según dicen los lugareños. Tal como ha ocurrido en casos anteriores, mientras diversos organismos del Estado con incumbencia en el tema disponen algunas acciones inocuas o analizan las medidas a tomar, las usurpaciones avanzan y ahora, inclusive, con amenazas a los vecinos históricos y con presentaciones de los intrusos ante la Justicia, a raíz de presuntos abusos de la Gendarmería.

Por su parte, los vecinos anunciaron que harán una nueva presentación judicial con imágenes que darían cuenta de cómo se lucra con la ocupación, en la que expondrán los datos recopilados hasta ahora. Explicaron que básicamente se trata de captura de pantallas de los ofrecimientos de ventas ilegales de lotes, así como el presunto incumplimiento de agentes de la Gendarmería de la orden del juez para no permitir el ingreso de nuevos ocupantes.

En ese marco, anteayer aparecieron nuevas capturas de pantalla en las que se da cuenta del ofrecimiento clandestino de las tierras que fueron copadas por intrusos hace ya 21 días. Por caso, por un terreno en 151 entre 78 y 79 una persona describía que “fue tomado hace 15, 20 días y ya está ganado, pido $80.000 charlables!”. Cabe señalar que entre 30.000 y 100.000 pesos promedio son los valores a los que se ofrecen terrenos ilegalmente en distintas localidades de la Ciudad.

Sobre lo que está ocurriendo en los lotes de Los Hornos, que como se sabe son principalmente terrenos fiscales de su propiedad, aunque también hay lotes privados, la Municipalidad platense aseguró que lleva adelante un seguimiento constante del caso. En ese contexto, se han realizado reiteradas reuniones entre la dirección local de Tierras y Vivienda junto con autoridades de la provincia, a los fines de establecer una planificación en el lugar, y estudiar el avance de loteos y la creación de un parque verde. A su vez , afirmaron que desde el Municipio se realizó desde un primer momento la denuncia judicial necesaria, ratificando la necesidad de actuar con inmediatez para evitar la instalación ilegal en el mencionado espacio.

Hay varios puntos que debieran ponerse en claro. En primer lugar que la muy sensible y grave crisis de la vivienda no debe ni puede resolverse de esta manera, sino a través de planes accesibles y programas previamente regulados. También debiera señalarse es que nada justifica la impunidad con que se mantiene protegida a las mafias responsables de las usurpaciones, que concretan los despojos de tierras y luego se ocupan de venderlas en forma fraccionada y a precios muy bajos.

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En tercer término ninguna ciudad, y en especial La Plata, puede permitirse que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad. Bien se conoce que, tanto los intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones por la inexistencia o las falencias –a veces absolutas- de los servicios de infraestructura.

Correspondería señalar, una vez más, que el Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y los Municipios se encuentran en deuda frente a las víctimas de este delito, convertido en un verdadero flagelo social. Esa omisión, también, que constituye una injustificable mora para acudir en defensa de la vigencia de la ley y de la Constitución, resulta injustificable por parte de funcionarios y magistrados que tienen la responsabilidad de aplicar los cuadros normativos y no lo hacen en tiempo y forma.