No debe atomizarse la lucha contra la pandemia

Algunas de las medidas de prevención del coronavirus adoptadas por varios intendentes bonaerenses, tanto del Gran Buenos Aires como del interior, que vinieron a sumarse en las últimas jornadas a las acciones dispuestas desde el Gobierno nacional y provincial, constituyen sin dudas pruebas palmarias de la inquietud existente y, si se quiere, de una comprensible celeridad por parte de esas autoridades locales, preocupadas por el avance de la pandemia en sus distritos.

Entre ellas se debe mencionar en primer término, por la magnitud institucional que reviste, el “toque de queda”, vigente ya en los partidos de Balcarce, Gonzáles Chaves, Olavarría, , Coronel Rosales, Pehuajó, Roque Pérez, Puán, Chacabuco, Coronel Suárez, General Madariaga y Exaltación de la Cruz, por los cuales el intendente respectivo dispuso esa medida extraordinaria, que restringe todo tipo de circulación en determinados horarios, entre otros alcances de esas normas.

Cabría recordar que esa resolución se vio acompañada, en otros distritos –sobre todo del Conurbano, aún cuando se replicó también en otras zonas de la Provincia- por medidas restrictivas como el cierre de rutas de acceso y calles interiores con montículos de tierra, a pesar de que autoridades provinciales como el ministro de Seguridad habían cuestionado esos cortes. Asimismo, fuentes calificadas preveían en estas horas que se sumarían nuevas intendencias al denominado “cierre de fronteras” locales.

En horas signadas por la necesidad de adoptar medidas perentorias, no se trata en modo alguno de promover objeciones legales o doctrinarias, entre ellas la de señalar que medidas como el toque de queda -que le imponen un tope horario de circulación a los habitantes- tienen no sólo carácter excepcional sino que deben ser adoptadas por el Gobierno nacional. Más allá de valorar el principio de la autonomía municipal –siempre defendido desde esta columna- existen trabas constitucionales que les impiden a los intendentes y a los concejos deliberantes disponer de ese tipo de figuras.

Se ha dicho, sin embargo, que el fondo de la cuestión no es esa en estos tan críticos momentos. Lo que sí resulta imperativo, y así se lo viene pregonando desde las más altas esferas sanitarias del país, es que debiera existir uniformidad de criterios, para que no se incurra en improvisaciones, en estrategias parciales y de alcance local, que puedan ser contraproducentes en la lucha contra una pandemia que no reconoce fronteras de ninguna naturaleza.

En este caso correspondería, por consiguiente, que la Provincia monopolice en todo su territorio las políticas preventivas y sanitarias que deberán seguirse, en concordancia con los rumbos que se marquen desde la órbita nacional. Consecuentemente, los intendentes deberían concentrar su acción en cumplir a rajatabla con las directivas que reciban.

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Se ha dicho ya que son entendibles y hasta meritorias las respuestas que se vienen ofreciendo en los más de 130 distritos de la Provincia. Alejados de las grandes ciudades, muchos de ellos desprovistos de estructuras y recursos esenciales de salud, se han visto conminados a actuar. Incluso, muchos de ellos vinieron ofreciendo ejemplos dignos de imitar –como el rápido montaje de centros preventivos de salud en containers perfectamente adaptados-, de modo que tales respuestas deben ser valoradas.

Pero también es hora de que el gobierno nacional y el provincial impidan, a todo trance, que se atomice una acción, en temas tan esenciales como son la salud y la circulación de personas y vehículos. La cuarentena dispuesta en el país constituye un paso trascendente y debe ser acatada por toda la población. Sin embargo, no pareciera conveniente que la lucha que debe darse pueda verse atomizada por las medidas diversas que impulsara cada distrito.