La Corte detonó una bomba de profundidad en el oficialismo

La confirmación de la condena a prisión de Amado Boudou, por parte de la Corte Suprema de Justicia, cayó como una bomba de profundidad en el Frente de Todos. La coalición gubernamental sufre un cimbronazo cada vez que hay malas noticias judiciales en las causas derivadas de los dos gobiernos de Cristina Kirchner. Ya se sabe que un motivo del malestar político de la Vicepresidenta con Alberto Fernández es que algunas investigaciones en su contra siguen avanzando.

Boudou, en rigor, es un personaje menor dentro del armado oficialista, pero si se considera que fue Vicepresidente de la Nación, entonces podría inferirse que la Corte emitió una señal que no puede más que preocupar a Cristina. La actual Vice ya había levantado la guardia tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó un planteo contra la Ley del Arrepentido y validó los testimonios de la causa de los cuadernos que, para ella, fueron recogidos “bajo presión”.

Los cinco jueces de la Corte declararon inadmisible el recurso de queja que presentó la defensa de Boudou. No fue ése un dato menor para quienes transitan el Palacio de Tribunales: hasta ahora, en todas las resoluciones importantes, los jueces supremos se dividían entre el “grupo de los cuatro” -Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco- y el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien quedaba en soledad ante sus colegas.

Pero en el caso de Boudou, los cinco acordaron en rechazar el planteo apelando al artículo 280 del Código Civil y Comercial, que le posibilita descartar una demanda sin dar explicaciones. El modo en que actuaron los supremos -“in limine” y en bloque- fue decodificado en el FdT como una doble comprobación: a la Corte no le cayó bien que se discutiera su funcionamiento en la “comisión Beraldi”, ni tampoco que se haya votado la reforma del Ministerio Público Fiscal en el Senado.

La designación del futuro procurador general de la Nación será más sencilla para el oficialismo si la Cámara de Diputados confirma la sanción de la Cámara alta. De hecho, podría utilizar la mayoría propia en el Senado para nombrar al candidato del Presidente, el juez federal Daniel Rafecas. Pero también podría seleccionar a otro postulante en caso de vacancia, como ocurre en la actualidad. Y una Comisión Bicameral del Congreso tendría injerencia política sobre los fiscales federales. La politización sería inevitable ya que permitiría a los gobiernos una mayor ingerencia de la Justicia penal.

GESTIONES PARA LA RECONCILIACIÓN

En medio de la espinosa relación entre el poder político y el judicial se iniciaron, tras el funeral de Diego Maradona, conversaciones reservadas tendientes a limar asperezas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Los asesores más cercanos al Presidente y algunos dirigentes kirchneristas coincidieron en advertir que la imagen fría y distante que ambos se dispensaron en la despedida del astro deportivo es negativa para el Gobierno y para la cohesión política del Frente de Todos.

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El tuit del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en defensa de Boudou fue leído como un pedido de reconciliación del Presidente para con su Vice, a sabiendas de que Fernández nunca tuvo a Boudou entre sus preferidos ni mucho menos: hay que recordar que cuando estaba en funciones, avanzó contra el entonces procurador Esteban Righi y forzó su renuncia. Ese funcionario había sido uno de los maestros judiciales de Fernández. Tampoco pasó inadvertido el silencio de Sergio Massa.

El presidente de la Cámara de Diputados está más concentrado, por estas horas, en darle cauce al debate por la despenalización del aborto que obtendrá dictamen favorable de un plenario de cuatro comisiones el miércoles y que el jueves llegará al recinto para su tratamiento de manera presencial. La discusión con el interbloque de Juntos por el Cambio se saldó finalmente ayer con la firma de un protocolo -en el que todas las partes cedieron algo- hasta el próximo 3 de enero.

La sesión podría extenderse por un día completo, aunque resulta notoria la baja de intensidad del debate respecto al que se registró en 2018. En esta oportunidad no hubo cruces fuertes en las comisiones ni grandes movilizaciones en las calles, por efecto de la pandemia. También se percibió una moderación del sector “verde” -que suavizó su costado anticlerical- y una presencia más activa en rechazo al proyecto por parte de la iglesia evangélica, antes que de la católica.

EL ABORTO, CON ALINEAMIENTO POLÍTICO

La otra diferencia es de orden político: ahora el oficialismo parece alinearse detrás de la iniciativa que envió el presidente Fernández, mientras que dos años atrás Mauricio Macri habilitó el debate pero luego no bajó una línea concreta a los legisladores de Cambiemos. En la principal coalición opositora se destaca el activismo de Silvia Lospenatto a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Carmen Polledo en contra; ambas sin diputadas nacionales del PRO.

Los representantes del interior del país buscan algún atajo. El diputado José Luis Ramón, frecuente aliado del oficialismo, que en 2018 dijo que iba a votar a favor y terminó haciéndolo en contra, pidió que se convoque a una consulta popular. La misma propuesta hizo el radical Alfredo Cornejo. Ambos legisladores registran muy pocas coincidencias, pero hay una que resulta evidente: son mendocinos. Y más allá de las diferencias partidarias, tienen una idiosincrasia en común.

Afuera del Congreso, el debate obligará a los gobiernos nacional y porteño a coordinar otro operativo de seguridad, tras el fracaso del que montaron en la caótica despedida de Maradona. La relación entre ambas administraciones va de mal en peor: al alcalde Horacio Rodríguez Larreta es el único mandatario que no firmó el Consenso Fiscal 2020, por el cual los gobernadores se comprometieron a no litigar contra la Nación, a cambio de poder subir los impuestos. Para firmar, el jefe de Gobierno de la ciudad tenía que desistir del reclamo judicial contra la reducción de los fondos coparticipables, lo que significa una pérdida de miles de millones para la capital federal.

Pero Larreta también proyecta un aumento a los sellos para las compras con tarjetas de crédito y la imposición de ingresos brutos a las operaciones con Leliqs, lo que le valió una crítica directa del ministro de Economía, Martín Guzmán. A su vez, los gobernadores y el Presidente perfilaron la suspensión de las PASO 2021 en un almuerzo en Olivos y ayer le terminaron de dar forma a un documento al que adhirieron 22 provincias, con la sola excepción de Mendoza y la CABA.

El proyecto debería aprobarse con mayoría absoluta en el Congreso -la mitad más uno de los votos en ambas cámaras- pero el escollo principal está en la provincia de Buenos Aires, que está enganchada a las PASO nacionales pero que no podrían ser suspendidas en la Legislatura sin el aval de JxC. En la Casa Rosada justifican la movida en el gasto y la vigencia de la pandemia, pero no admitirán que al Presidente le conviene que las elecciones se hagan directamente en octubre, cuando espera un mejor ánimo de la ciudadanía.

EL PLAN DE TRES PASOS DE ALBERTO

En la intimidad de la quinta de Olivos, Fernández les asegura a sus acompañantes -la mayoría de las veces en almuerzos o cenas- que tiene un plan de tres pasos para encaminar su administración el año próximo: 1 -Inmunizar a la población contra el coronavirus, a través de las vacunas que están en plena elaboración; 2 -Reactivar la economía a partir del final de la pandemia; 3- Ganar las elecciones de medio término, para reafirmar un liderazgo político que está en tela de juicio.

La fuente de esa discusión no proviene de la oposición, sino del Senado, donde manda Cristina. Allí la Vice cuenta con 42 votos asegurados que le permiten ganar todas las votaciones holgadamente, como lo acaba de demostrar con el impuesto a los ricos, una iniciativa de Máximo Kirchner. Los senadores del PJ también modificaron la fórmula previsional del Gobierno, lo que beneficiará a los pasivos pero condicionó a Alberto y a Guzmán, que negocia con el FMI alguna reducción del déficit del Estado nacional.

Guzmán no para de recibir “fuego amigo”: la desafortunada declaración del canciller Felipe Solá sobre la conversación de Fernández con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, provocó un ruido tal que llegó al directorio del Fondo. Aunque el verdadero drama de la economía argentina es la falta de seguridad jurídica, el estancamiento y la inflación producto del déficit estatal. En definitiva, los factores que generan la pobreza que afecta casi a la mitad de los argentinos.