Los jueces Bruglia y Bertuzzi pidieron que Macri y Cristina declaren como testigos en su demanda contra el Estado

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi realizaron una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un “plan letal” de “destitución” para removerlos de la Cámara Federal porteña. Uno de los puntos más llamativos de su presentación es que piden que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri declaren como testigos.

Macri, Presidente de la Nación entre 2015 y 2019, firmó los decretos de Bruglia y Bertuzzi del Tribunal Oral Federal 4 a la Sala I de la Cámara Federal en 2018. Pero en 2010 Cristina, quien fue jefa de Estado entre 2007 y 2015, había hecho lo propio con Bertuzzi del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata hacia Comodoro Py.

Por otro lado, ambos magistrados también le pidieron a la CIDH convocar a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Entre ellos se encuentran la ex diputada kirchnerista Diana Conti, el ex ministro macrista Oscar Aguad, junto al jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, los diputados radicales Mario Negri y Pablo Tonelli o el senador justicialista Rodolfo Urtubey, entre otros.

Bruglia y Bertuzzi, por otro lado, hablaron en el escrito de un accionar “de manera coordinada y con inusitada celeridad, lo cual demuestra -a nuestro modo de ver- un claro designio político de removernos de nuestros cargos, precisamente, en un contexto signado por fuertes tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial”.

Según precisaron, “el cambio de temperamento por parte del Consejo de la Magistratura, del PEN y del Senado se explica por el cambio de autoridades nacionales que arrojaron las elecciones presidenciales y legislativas llevadas a cabo en el país en octubre de 2019”.

"No es casual que se buscara desplazarnos del cargo, siendo que en ejercicio de nuestras funciones hemos adoptado decisiones en procesos judiciales donde fueron investigados -y en algunos casos, a la fecha de esta presentación continúan como imputados- funcionarios públicos de primera línea del actual gobierno, quienes además han tenido especial gravitación en la compleja maniobra que motiva esta denuncia”, indicaron en otro pasaje de su presentación.

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Y agregaron: “Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”.

En este sentido, le piden a la Comisión que frene, mediante una medida cautelar, la tramitación del concurso abierto en el Consejo de la Magistratura para designar a nuevos jueces en la Sala I de la Cámara Federal.