Denuncian que les usurparon el tambo, arman cooperativas y rematan sus vacas en Facebook

Como en La Plata o Guernica, las usurpaciones tienen sus réplicas en la vasta pampa bonaerense hasta recalar en Cochicó, en el partido de Guaminí.

Es que en esa localidad del interior, a unos 500 kilómetros de la Ciudad, una familia vinculada a la producción agropecuaria sufre una auténtica pesadilla desde fines de 2018, cuando, según denuncian, dos mujeres que entraron como empleadas en un tambo de su propiedad comenzaron a ocuparlo.

A partir de entonces, para la familia de Alejandro Nadal y María Eugenia Vargas se inició una tortuosa batalla judicial para intentar recuperar esas 200 hectáreas. Mientras, las usurpadoras hacen y deshacen a sus anchas: han ingresado gente a vivir al predio, producen leche, se quedan con las ganancias y hasta salieron a vender parte del ganado a través de publicaciones en Facebook. “Incluso, están diciendo que van a hacer una cooperativa”, denunciaban ayer las víctimas.

Mientras la familia sigue su derrotero judicial, en la Legislatura bonaerense ya surgieron pedidos de informes a la Municipalidad de Guaminí para que el intendente, José Nobre Ferreira, explique si se ha contactado con los dueños, arrendatarios y usurpadores. El texto, firmado por el diputado Emiliano Balbín, de Juntos por el Cambio, también le plantea al alcalde si la comuna que gobierna hizo alguna denuncia o presentación judicial. “Hasta ahora, no han respondido nada”, dijo a EL DÍA el diputado radical.

La historia de la usurpación del tambo Don Raúl, ubicado en el kilómetro 205 de la Ruta 33, justo frente al balneario de Cochicó, está plagada de episodios insólitos. Las tierras fueron heredadas por una familia de veterinarios que conformó una sociedad para explotarlas con un tambo que vende su producción a las empresas lácteas del oeste y el sudoeste bonaerense. En abril de 2018, el entonces encargado del tambo hizo entrar a dos mujeres a cumplir tareas como ayudantes. Pero a los pocos meses, el tambero dejó el campo y ambas quedaron viviendo allí. La familia de propietarios y arrendatarios del campo decidió tomarlas a prueba por tres meses para ver si podían encargarse del tambo. Entonces, comenzaron los trámites para formalizar la relación laboral, pero “nunca nos quisieron dar los documentos”, dijo a este diario María Eugenia Vargas, desde su casa en Salliqueló, a 70 kilómetros del campo usurpado. “A partir de ahí empezaron las amenazas de juicio, las extorsiones y las agresiones”, se lamentó.

Al poco tiempo, entraron al predio más personas cercanas a las dos mujeres: “Un hijo, un marido, niños, gente que resultaba ser desterrada de otros lugares por delitos”, enumeró Vargas, y que de 90 vacas hoy les quedan unas 20, pues las usurpadoras ya les vendieron 17 animales de forma ilegal y mataron otros. También, advirtió daños a la propiedad y que, ante el avance en la Justicia, “nos amenazan con sacar toda la hacienda a la ruta, con el riesgo de que haya un accidente vial y seamos nosotros los responsables penales y civiles”.

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Tras varias idas y vueltas en la Justicia, y con un proceso de desalojo abierto, los dueños del campo esperan poder recuperar lo que es suyo, mientras asisten impávidos al remate de su ganado en las redes sociales, desde donde las usurpadoras convocan a más gente a sumarse a la toma para constituir cooperativas de trabajo.

“Nos preocupa seriamente este nuevo modus operandi de toma de tierras que ahora se empieza a aplicar en el interior”, aseveró el diputado Balbín, con una inquietud similar a la que legisladores nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio expresaron ayer ante la toma más grande de la Provincia, la del ex Club de Planeadores, en Los Hornos. En este caso, a través de dos presentaciones, que, entre otros, firmaron el diputado nacional Cristian Ritondo y los legisladores provinciales Juan Pablo Allan y Carolina Píparo, exigieron por la “urgente” relocalización de las familias asentadas en las 160 hectáreas que se abren entre las calles 76 a 83 y de 143 a 155, una zona que, advirtieron en Juntos por el Cambio, es “inundable”.