Aún en la cuarentena el Estado nombró a miles de empleados

En el lapso que va de la cuarentena, iniciado en marzo pasado, el Estado argentino sumó 23.000 nuevos empleados en blanco al sector público, ya sea en las órbitas de Nación, Provincias y Municipios, en una situación que deja en evidencia que la burocracia siguió expandiéndose a pesar de la dramática situación sanitaria y de la crisis económica que agobian a la población del país.

En ese contexto pleno de emergencias y demandas acuciantes, convendría antes que nada señalar que las únicas designaciones que parecieran verse justificadas serían aquellas que corresponden a las áreas de Salud. Sin embargo, se sabe que ello no ha sido así ya que las designaciones se concretaron en dependencias de los tres poderes. En lugar de haberse congelado vacantes, las plantas de agentes estatales siguieron creciendo en número.

De acuerdo al informe oficial, reproducido luego por agencias y medios periodísticos, el conjunto del sector público del Estado argentino se elevó de 3,18 millones a 3,21 millones de personas que se sumaron a los planteles administrativos estables. Otros trabajos oficiales aludieron en las últimas jornadas a la dispar situación que exhibieron el sector público y el privado, con el primero en crecimiento y el segundo en drástica contracción.

De todos modos, el panorama describe un fenómeno que se presenta desde hace muchos años y que ha sido común a gobiernos de distinto signo, en el sentido de que el Estado nunca se achicó, sino que, por el contrario, no dejó de crecer. Ocurre que, en la actualidad, con la irrupción del COVID 19, contrasta el hecho de que la burocracia estatal se expande mientras que la economía privada se ha visto contraída como nunca antes.

Los datos oficiales dados a conocer ayer también dejan ver que este incremento se presenta en un período en que la administración dejó de funcionar en buena medida, manteniéndose a lo sumo guardias presenciales mínimas y prestaciones reducidas que se ofrecieron a través de las vías electrónicas. Esto es, el grueso de la administración pública no asistió en estos meses a sus lugares de trabajo y las distintas tramitaciones disminuyeron.

Se sabe, asimismo, que tampoco cesaron las llamadas transformaciones de cargos, es decir, los ascensos en los escalafones, en situaciones que, por cierto, suponen mayores erogaciones presupuestarias. Pero también se avizoran algunos proyectos –como el de la reforma judicial- que propicia la creación de 279 cargos de magistrados, lo que la representaría al Estado argentino la necesidad de afrontar una erogación presupuestaria anual de 5.000 millones de pesos anuales solo en concepto de sueldos.

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Se indicó también que los sueldos de parte de los nuevos cargos, salvo los de magistrados con rango de camaristas, rondarán en los 400.000 pesos mensuales por cada juez, lo que supondría entonces otro monto global mensual de 111.600.000 pesos, es decir unos 1.400 millones de pesos anuales. Pero esos montos no incluyen los salarios estimados del personal ni la infraestructura edilicia que hará falta para albergar las nuevas dependencias. Se conoce, en tal sentido, que ya no queda espacio para instalar nuevos juzgados en Comodoro Py. Ello, sin negar aquí la necesidad de que se produzcan modificaciones en la Justicia, ya que, inclusive, desde esta columna se las ha propiciado, aún cuando no deberían representar nuevos y voluminosos costos al Estado.

Lo que se espera desde hace muchas décadas es que imperen en el país políticas virtuosas de crecimiento y desarrollo, para estimular las inversiones privadas y el crecimiento de los empleos productivos, bajo el control de un Estado ágil, operativo, no dispendioso y capaz de mejorar la prestación de servicios esenciales para la sociedad, como son, por caso, los de salud, educación y seguridad.