Embarazo adolescente, el conflicto de la maternidad temprana

De acuerdo a las estadísticas de Unicef, en Argentina hay 10 partos por hora de mujeres adolescentes. La misma entidad destaca que en el último año bajaron los casos entre chicas de 15 a 19 años, pero que las cifras se mantienen estables entre las de 10 a 14, y que en la gran mayoría de los casos los embarazos se produjeron “durante una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición”.

El del embarazo adolescente es un tema que preocupa desde siempre en nuestro país, pero que comenzó a despertar más alertas desde la irrupción de la pandemia de coronavirus, debido a los casos de abuso intrafamiliar.

Como ejemplo de esta situación, Beatriz Cravero, licenciada en ciencias sociales e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aseguró que “de 4 niños que nacen en Formosa, uno tiene una mamá adolescente. Formosa es una de las provincias con mayor cantidad de embarazo adolescente y precoz, que es de las niñas menores de 15 años. El embarazo adolescente y el precoz aumentan en las condiciones de mayor vulnerabilidad, menor acceso a la educación y bajo nivel socioeconómico. Es decir mayor pobreza, mayor embarazo adolescente”.

Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 2017-2019, en tanto, en Argentina 1 de cada 4 de las mujeres que tuvo su primer hijo en esa etapa de la vida tendrá el segundo antes de los 19 años, mientras que a la vez, el Ministerio de Salud de la Nación alerta que en el 80% de las maternidades públicas del país, el 29% de las adolescentes fue madre por segunda o tercera vez antes de los 20.

“Cada año en Argentina 90.000 adolescentes menores de 19 años tienen un hijo o hija -señala por su parte Mar Lucas, directora de Innovación Estratégica de la fundación Huésped- y de ellas, 7 de cada 10 no lo han deseado ni planificado. Entre las menores de 15 años, 8 de cada 10 embarazos fueron consecuencia de abuso y violencia sexual. Prevenir estas violencias y favorecer la decisión informada de cada persona para que puedan desarrollar su proyecto de vida, son parte de los objetivos que busca la Educación Sexual Integral desde que fue sancionada ley, allá por el año 2006”.

“Por esto -añadió Cravero- pedimos a los gobiernos provinciales que adhieran a programas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), al Protocolo ILE, y que realmente se aplique la ESI”.

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En este marco, Marysel Segovia, de la ONG Servicio Habitacional, considera fundamental “difundir que hay una ley que garantiza la interrupción del embarazo legalmente para aquellas mujeres que fueron abusadas”, mientras

Miriam Ferreyra, especialista en Salud Sexual y Reproductiva, subraya que “el embarazo no intencional en los adolescentes tiene un impacto que es a largo plazo, porque hay una pérdida de oportunidades en la vida del adolescente. Por eso es necesaria la educación sexual integral, que ayuda a los adolescentes a adquirir habilidades personales para tomar decisiones sobre su vida sexual”, al tiempo que la pediatra Temis Lorda,

integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, apunta que “si logramos entender que las niñeces tienen derecho, todo va a mejorar, aún cuando no estemos de acuerdo con esas decisiones”.

Otro especialista en el tema, Fernando Bosch Estrada, cree por su parte que “el del embarazo adolescente es un tema que hay que abordarlo en un marco multidisciplinario, porque son situaciones que, en general, vienen acompañadas de un cuadro de vulnerabilidad, y la más evidente es el abuso de niñas y adolescentes”.

ADOLESCENCIA Y PANDEMIA

“Al contexto general del embarazo adolescente, que lleva décadas reproduciéndose -señala Mar Lucas, directora de Innovación Estratégica de la fundación Huésped- se suma este año la pandemia de la COVID-19 y las medidas de aislamiento. Todo ello ha sumado desafíos en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en general y, en particular, el acceso de adolescentes que han visto su movilidad autónoma restringida bajo la mirada omnipresente de sus familiares. La necesidad de sostener el aislamiento generó dificultades y temor de concurrir a los servicios de salud que no tuvieran relación con la COVID-19, y el acceso a métodos anticonceptivos no ha sido una excepción”.

“Por todo ello -añade- es necesario, más que nunca, potenciar el trabajo en Educación Sexual Integral abarcando a toda la comunidad educativa. Abrir canales de comunicación alternativos con las y los estudiantes, conocer sus contextos particulares, sus temores y necesidades. Generar espacios de debate que incluyan a directivos, docentes, no docentes y, por supuesto, a estudiantes y sus familias, para pensar en conjunto y desarrollar estrategias que, al menos, faciliten el diálogo y nos permitan escucharnos y sostenernos en un contexto inédito para la humanidad. Valorar el cuidado de la salud integral, y a los agentes que la protegen, incluyendo la sexualidad como una dimensión más del ser humano, sabiendo que para que logremos reducir las tasas de embarazo no intencional en la adolescencia los efectores de educación y salud son una parte fundamental de la propuesta”.

EN LAS PROVINCIAS

La abogada Mónica Menini, articulante de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal e integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, cuenta que en Salta la mayor preocupación “es la cantidad de embarazos no intencionales en niñas de entre 10 y 14 años, cuyos embarazos son producto de violación. Y este panorama se intensificó en el contexto de pandemia, cuando sabemos que el abuso es mayormente intrafamiliar. Esto se suma a la obstaculización institucional al acceso a la interrupción del embarazo en esos casos, que es legal en Argentina. Las únicas consecuencias de la obstaculización institucional las sufren las niñas, y eso es sencillamente un horror”.

En Neuquén, según el Sistema Informático Perinatal (SIP), el embarazo en adolescentes llega al 14,3% y el 67,3% de ellos no es planificado, mientras que en Santiago del Estero, según las estadísticas vitales nacionales de diciembre del 2019, el 17,83% de los nacimientos es en adolescentes de 10 a 19 años.

“El embarazo adolescente -remarca María del Carmen Tinari, delegada en Santiago de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-juvenil y de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción- es un problema de salud pública, y los indicadores socioeconómicos tienen mucho que ver”.

Otro de los datos del embarazo adolescente en Argentina marca que en Jujuy, el 85% de los embarazos en menores de 15 años no son planificados y en su gran mayoría son producto de abuso.

En situaciones de vulnerabilidad y pobreza aumenta el embarazo adolescente

“El embarazo no intencional en los adolescentes tiene un impacto que es a largo plazo”

“En Salta preocupa la cantidad de embarazos no intencionales, que son producto de violación, en niñas de entre 10 y 14 años”

Mónica Menini, Integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir

“La pandemia y las medidas de aislamiento han sumado desafíos en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en general ”

Mar Lucas, Directora de Innovación Estratégica de la Fundación Huésped

“El embarazo adolescente es un problema de salud pública, y los indicadores socio económicos tienen mucho que ver”

María del Carmen Tinari, Delegada en Santiago de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-juvenil