La ética de los candidatos, un debate que sigue pendiente

Director de Fortalecimiento Institucional del Minist. de Just. Bs. As.

La corrupción es un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional que no reconoce límites ni fronteras y afecta a las diferentes esferas del Estado. Es un flagelo que distorsiona la asignación de recursos, condiciona la calidad de vida de todos los ciudadanos y destruye la confianza pública. Confianza necesaria para el ejercicio del buen gobierno.

En este sentido, para prevenir y combatir la corrupción es preciso adoptar una mirada integral, que involucre a los diferentes actores de la vida pública y desarrollar un marco normativo sólido que dificulte la aparición de prácticas corruptas.

En la Provincia de Buenos Aires nos encontramos ante un cambio de paradigma, avanzando en la lucha contra las mafias y la corrupción. El compromiso de los múltiples actores y niveles de gobierno provincial son fundamentales en el diseño de políticas públicas de cara a un gobierno moderno y transparente.

En el marco del cambio cultural que estamos atravesando en la Provincia, desarrollamos diversas iniciativas de transparencia e integridad, como la Ley N° 15.000 que regula el Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales y establece la obligatoriedad de presentación al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Fuerzas de Seguridad y, por primera vez en la historia, a los candidatos oficializados a Gobernador, Vicegobernador y legisladores; el registro público de policías exonerados; la eliminación de los expedientes papel para reemplazarlos por su versión electrónica; la ley de Paridad de Género, la limitación de la reelección indefinida y la finalización de privilegios jubilatorios.

El proceso de transformación que se encuentra en marcha nos invita a reflexionar sobre los desafíos pendientes en materia de prevención de la corrupción. En este sentido, se presenta en el centro del debate, la idea de que aquellos condenados por hechos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electorales. Entendiendo a los funcionarios como responsables de la utilización de los recursos públicos en el ejercicio de sus funciones, los mismos deben cumplir deberes y pautas de comportamiento ético, que redunden en una gestión íntegra y transparente.

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Cuentan con estado parlamentario proyectos de ley a nivel nacional y provincial que merecen ser debatidos y enriquecidos. Los mencionados proyectos conocidos como “Ficha Limpia” buscan que las personas que accedan a la función pública, no sólo acrediten su idoneidad, sino que demuestren que han tenido un comportamiento íntegro. Específicamente, establecen que aquellos que quieran ser candidatos no puedan postularse si cuentan con una condena, confirmada en segunda instancia, por algún delito contra la administración pública. La inhabilidad temporal para acceder a cargos públicos es una herramienta más en el marco de las políticas de lucha contra la corrupción, que busca consolidar un marco normativo robusto en esta materia, aumentando los niveles de integridad.

Los derechos no son absolutos y por lo tanto, pueden estar sujetos a limitaciones. En este aspecto, es necesario reglamentar los requisitos para aquellos ciudadanos que deseen participar en la contienda electoral o asumir responsabilidades públicas.

Tenemos la convicción de que trabajar para erradicar la corrupción fortalece las instituciones democráticas. En este marco, es fundamental trascender la grieta para encontrar los consensos que logren enriquecer los proyectos legislativos, en esta materia, que actualmente se encuentran pendientes de tratamiento y merecen un despacho favorable.

Sin ética no hay república ni democracia, y en esto deberíamos estar todos de acuerdo.

“Los proyectos de ‘ficha limpia’ buscan que quienes accedan a cargos públicos no solo acrediten su idoneidad”