Arrancan los polémicos cambios en el Tribunal de Cuentas bonaerense

Después de una cierta dilación, finalmente el presidente del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grinberg, firmó la resolución a través de la cual se modifica la estructura histórica de ese organismo. En la serie de cambios, aprobados hace un par de meses por una votación dividida del pleno del cuerpo, se destaca la creación del cargo de Secretario Legal y Técnico, a quien le transferirán un par de direcciones que dependían de otras secretarías.

En la misma resolución, la número 2019-78 rubricada el jueves pasado, se ratifica que el cargo de secretario tendrá la equivalencia -en rango y remuneración- al del Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la Provincia, que es el organismo que tiene como misión la representación y la defensa de la provincia de Buenos Aires en los juicios, tanto en carácter de demandada como de demandante.

La nueva secretaría dependerá del cuerpo colegiado (presidencia y cuatro vocalías) y no directamente de Grinberg, como sucedía con el resto de las secretarías hasta ahora. Y se transferirán a ella la Dirección general de Coordinación Legal y la Dirección General de Actuaciones Judiciales y Administrativas, junto con el presupuesto y el plantel de cada una de ellas.

Pero además Grinberg perderá la secretaría de Modernización y Fortalecimiento Institucional, que ahora pasará a depender del cuerpo. Básicamente, de los vocales. En total, después de la reforma, quedaron unas siete secretarías.

Todas estas movidas comenzaron en los inicios de este año, cuando el Tribunal tuvo completa su nueva formación como fruto de una negociación política entre el oficialismo y la oposición. Así, ingresaron los vocales Gustavo Diez y Ariel Pietronave, propuestos por Cambiemos, y Juan Pablo Peredo y Daniel Chillo, impulsados por los intendentes del peronismo y por el massismo respectivamente.

Enseguida, los cuatro nuevos se alinearon para impulsar cambios, aislando políticamente al histórico Grinberg. Una de esas modificaciones fue que algunos secretarios, un segundo escalón en el organigrama de autoridades debajo de las vocalías, dejaran de depender todos del presidente y pasaran a la órbita de los vocales.

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Otra decisión, nunca blanqueada oficialmente, es que esos sillones importantes los ocupen ahora profesionales que no son técnicos de carrera del Tribunal. “Gente vinculada a la política”, se dice en los pasillos del organismo.

Ese paso, que ha puesto a los empleados en alerta, tendrá un primer capítulo cuando se designe al nuevo secretario Legal y Técnico. Este diario ya dio cuenta de que un candidato muy firme es el joven abogado platense Felipe González Bartalay, que hoy cumple funciones en la jefatura de gabinete del gobierno provincial, manejada por Federico Salvai. Su designación sería a propuesta del vocal Diez.

El resto de los vocales también podrán designar secretarios. Pero para eso, lo más probable es que reemplacen con gente de afuera del organismo a las personas que actualmente ocupan las secretarías “apetecidas” pero a medida que se vayan jubilando. Una forma de calmar, aunque sea en parte, las inquietudes de los dirigentes gremiales y del personal, que definen esta voracidad de los recién llegados como una ruptura de tradiciones.

El Tribunal de Cuentas es un organismo de control de la Constitución Provincial, cuya misión es examinar las cuentas bonaerenses y de las 135 municipalidades, aprobarlas o desaprobarlas e imponer penas en caso de irregularidades.

Los cambios recientemente impuestos por los vocales al presidente del cuerpo suponen una ampliación presupuestaria porque se crearán nuevos cargos que no estaban previstos en el presupuesto provincial de este año, que se votó a fines de 2018.

Antes de que Grinberg firmara la resolución con las modificaciones, el gobierno de María Eugenia Vidal,a través del ministerio de Economía que conduce Hernán Lacunza, autorizó el incremento de dinero. Eso, a pesar de que por cuerda separada supuestamente rige una política que tiende a restringir nuevas designaciones en la plata permanente y transitoria del Estado provincial.