La Provincia en una época de profunda crisis económica

El traspaso del mando de las autoridades provinciales que ocurrirá hoy constituye una nueva instancia en el proceso democrático restaurado en el país en 1983, que debe considerarse auspiciosa por la continuidad institucional alcanzada y por el evidente respeto a las reglas constitucionales del juego por parte de la sociedad bonaerense. Ello, sin perjuicio de reconocer las críticas circunstancias económicas que atraviesa el país y por ende, la Provincia, y que exigen de la dirigencia política solvencia y capacidad para enfrentarlas.

El gobernador electo Axel Kiciloff encontrará un panorama descripto con elocuencia en recientes informes como el producido en fecha reciente por el observatorio social de la Universidad Católica Argentina, revelador de que el Gran Buenos Aires cuenta con los peores índices de pobreza en el país, especialmente en alimentación y acceso a servicios esenciales, como el del agua. Panorama, por cierto, que no es más que el reflejo de la realidad nacional y que de modo alguno deberían ser achacados sólo a la gestión saliente.

Ello, por cierto, en un contexto signado por el hecho de que los gobernadores de otras provincias -pese al visible deterioro económico y social del Gran Buenos Aires- se resistieron siempre a devolver en plenitud el dinero que en los últimos ejercicios se le resta en forma injusta y sin fundamento alguno, a las arcas del Estado bonaerense. Lo cierto es que el Estado nacional le sigue retaceando a la Provincia fondos que le pertenecen en concepto de Coparticipación Federal.

Si bien ello da pie a que el gobernador entrante haya hablado en los últimos días de que encontrará “tierra arrasada”, no debe soslayarse el hecho de que la gobernadora María Eugenia Vidal ha reclamado en forma insistente, en primer lugar por una actualización del Fondo del Conurbano, cuyos recursos se vieron sobrepasados y empequeñecidos por la inflación. La mandataria saliente requirió que el Estado nacional le reconociera una actualización y lo cierto es que su demanda fue ninguneada por las autoridades de Hacienda.

El otro déficit severo que padece la población del Conurbano es el acceso al agua potable de red, que afecta al 14 por ciento de los hogares de la Argentina urbana y al 18 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, pero que se duplican cuando se tratan de los hogares y los niños del Conurbano bonaerense (27 y 32 por ciento, respectivamente).

Existe una suerte de lugar común en el mundo de la política, según el cual la provincia de Buenos Aires es la más rica de todas. Estos y otros índices negativos en materia de actividad económica, demuestran con claridad que, en realidad, es la más pobre del país, a pesar de ser la que más aporta a los fondos federales.

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La provincia de Buenos Aires, con la mayor parte de sus habitantes concentrada en la zona metropolitana, es la única que ha perdido sistemáticamente puntos de coparticipación desde 1981. Se habla de un arrastre que viene de hace mucho tiempo, en el cual hubo gobernadores que no quisieron, no pudieron o no supieron como plantearlo ante el Estado nacional que, así, ha venido desvalijando virtualmente a los bonaerenses.

Claro que existen varias provincias más ricas que la de Buenos Aires. Son las que cuentan con menor población y que cobran regalías petroleras, gasíferas o pesqueras que las ponen a resguardo de las crisis financieras. La de Buenos Aires, en cambio –que reúne el 37 por ciento de la población del país con necesidades básicas insatisfechas- no dispone de ningún tipo de regalías y para mantener activa su mayor fuente de riqueza, proveniente del sector agropecuario, debe hacerse cargo del costoso mantenimiento de los caminos rurales.

Unas pocas y sencillas fórmulas revelan, con elocuencia, que la provincia de Buenos Aires aporta entre el 37 y el 40 por ciento de los fondos que percibe el erario de la Nación a través de los impuestos y, en cambio, ahora sólo recibe el 18 por ciento. Cifras negativas y alarmantes como las que caracterizan al sector de la salud, de la educación pública y de la seguridad constituyen enormes desafíos, que volverán a golpear las puertas de la nueva administración como lo hicieron con la anterior.

Resulta totalmente injusto, inequitativo y falto de razonabilidad, que los habitantes de la provincia de Buenos Aires sigan discriminados. Por ello, es de esperar que quienes tienen ahora las principales responsabilidades en la administración provincial se hagan cargo del reclamo bonaerense. Se trata de ejercer con lucidez y en plenitud los derechos y obligaciones que impone un sano federalismo, además de responder a las justas demandas de muchos millones de habitantes. La tarea es inmensa y es de confiar que, en este nuevo período que se inicia, la dirigencia bonaerense encuentre alternativas superadoras.