El atraso salarial de los estatales, otra de las herencias que le queda a Kicillof

Axel Kicillof viene abriendo el paraguas sobre la herencia que le dejará María Eugenia Vidal. Vencimientos de deudas en enero por 570 millones de pesos y un bache de cerca de 5.000 millones de pesos para cerrar el ejercicio, están en centro de las preocupaciones inmediatas del gobernador electo. Sin embargo, existe otro legado bien pesado: el que tiene que ver con los sueldos de unos 300 mil empleados estatales.

No se trata de un atraso en los pagos. La cuestión tiene que ver con el desfase de los salarios frente al proceso inflacionario, una situación que viene padeciendo la mitad de la plantilla de personal. La mitad restante, otros 300 mil que son los docentes, están a salvo del aumento del costo de vida porque lograron, luego de no pocas medidas de fuerza, cerrar su paritaria con cláusula de ajuste automático en función de la evolución del costo de vida.

Cuando cerraron su paritaria, los estatales acordaron la cláusula gatillo sólo para el primer semestre del año. Se estableció además un aumento del 2 por ciento en septiembre y otros 2 por ciento en noviembre y abrir una instancia de revisión para el caso de que la inflación superara el ajuste en los sueldos, lo que ya sucedió. Esa instancia está prevista para finales de este mes, pero para los gremios, el deterioro de los ingresos hace imperiosa la reapertura de la paritaria.

Tras una serie de planteos ante diversos funcionarios que no encontraron respuesta, la discusión se judicializó. Los gremios enrolados en la Fegeppba -AERI, Sindicato de Salud Pública, Organismos de Control (APOC), entre otros- presentaron un amparo. En forma individual también lo hizo Salud Pública. Por el momento, esos planteos no fueron resueltos.

Si la paritaria se reabriera a fin de mes, al gobierno de Vidal le quedarían pocos días para resolver antes de entregar el mando a Kicillof. Por eso se estima que una eventual recomposición de los sueldos debería ser resuelta por el próximo gobernador.

Los gremios estatales exigen el mismo tratamiento que lograron los docentes. Es decir, sueldos ajustados por inflación. “Si no se ajustan los sueldos el aumento de 2019 será del 28,5 por ciento y la inflación terminará en 55 por ciento. Es una pérdida salarial enorme”, sostienen en los sindicatos.

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Eso no es todo: los gremios reclaman el reconocimiento de la pérdida salarial de 2018 que consiguieron los docentes y que fue del 7,5 por ciento.

Lo que está en juego es un monto de recursos enorme. De acuerdo a diversas estimaciones, un punto porcentual de aumento salarial para cada unos de los 600 mil empleados representa unos 2 mil millones de pesos.

Mientras se espera la decisión judicial -los sindicatos pretenden que la Justicia obligue a la Provincia a reabrir ya le paritaria-, varios sindicatos vienen realizando protestas para potenciar el reclamo.

Ocurrió en Economía y ARBA -finalmente se dictó la conciliación obligatoria- y hubo quite de colaboración en diversos organismos de control.