La reforma constitucional en Cuba

Por YENY GARCÍA

El respeto a la identidad de género, el reconocimiento de la propiedad privada y la limitación a diez años del mandato presidencial forman parte del borrador de la nueva Constitución cubana, adelantado por la prensa oficial de la isla antes de su inminente aprobación parlamentaria.

Las esperadas inclusiones, a tono con “los nuevos derroteros” de las reformas económicas impulsadas en el país, son viejos reclamos del colectivo LGTBI cubano y del creciente sector privado, que han recibido esperanzados pero cautos el anuncio del diario estatal Granma sobre los cambios a la Carta Magna (1976).

El Anteproyecto de la nueva Constitución tiene 224 artículos y, a pesar de incluir “importantes modificaciones”, su texto confirma que no habrá cambios en el “carácter socialista del sistema político y social” en la isla, que mantiene como “fuerza dirigente superior” al gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).

En la reforma constitucional, “el contenido del derecho de igualdad adquiere mayor desarrollo al incorporar a los ya existentes, entre otros la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad”, indicó el órgano del PCC.

“El proyecto establece que los derechos de las personas solo están limitados por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y la ley”, sostiene el texto, que será presentado y debatido los próximos 21, 22 y 23 de julio en el Parlamento.

LE PUEDE INTERESAR

La Región debiera mejorar estructuras para el turismo

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

En la nueva legislación se planea incluir decisiones aprobadas ya por el Gobierno cubano, entre ellas el reconocimiento de la empresa privada, legalizada dentro de la última versión de las reformas “raulistas” ratificadas hace un año ante la Asamblea Nacional de Cuba (Parlamento unicameral).

Así, queda afincada la propiedad privada dentro del nuevo modelo cubano, en el que todavía prevalecerán las formas de gestión estatal y no se permitirá la acumulación de riqueza y propiedad.

Otros cambios incluyen la eliminación de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y su sustitución por un Gobierno Provincial, liderado por la nueva figura del Gobernador y su Consejo. (EFE)