La definición legislativa más relevante de los últimos tiempos

JULIÁN PORTELA (*)

Imposible no reconocer que es el gran tema del momento, por más que muchos se incomoden o pretendan ignorarlo. Nuestros representantes sienten la presión y saben que su desempeño está siendo celosamente seguido por una hinchada movilizada y atenta que juzga, alaba o critica sin piedad. Pero no nos referimos al inminente inicio de la Copa Mundial de fútbol, donde ciertamente todos hinchamos por los mismos colores, desempolvamos el himno y las banderas, y por un mes somos más argentinos que nunca.

Estamos hablando en realidad del clima previo a la definición legislativa más relevante de los últimos tiempos, donde tras un largo y profundo debate previo (donde participaron infinidad de voces de toda la sociedad), se vota en la Cámara de Diputados si se aprueba el proyecto de ley que tiende a despenalizar totalmente el aborto (la interrupción voluntaria del embarazo) dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La iniciativa se funda en la campaña por el derecho al “aborto legal, seguro y gratuito”, impulsada por un colectivo de mujeres que reivindican hace tiempo su derecho a la libertad de su cuerpo, a no sufrir castigo por sus decisiones personales más íntimas y a garantizar la práctica segura en hospitales públicos de la interrupción voluntaria del embarazo. Por el otro lado, se encuentra la visión tradicionalista que privilegia la protección del ser en gestación (donde se enrola decididamente la Iglesia católica), bajo el lema “Salvemos las dos vidas”, y básicamente reafirma la legislación penal vigente (artículos 85 y 86 del Código Penal de 1921) y rechaza de plano la iniciativa de ampliar los márgenes de despenalización.

Pero en el medio hay también datos concretos y actuales que hacen al escenario actual de esta discusión mayúscula: a) Estadísticas de salud pública evidencian que los abortos clandestinos son la principal causa individual de muerte materna en nuestro país, siendo que la mayoría de los mismos afectan a mujeres pobres que se lo autopractican; b) Fracasan o son insuficientes las actuales medidas de educación sexual o prevención del embarazo; c) Pese a ser infinitos los abortos clandestinos tipificados por la ley penal vigente como delitos, virtualmente no hay castigados ni persecución real de la comisión de dichos delitos cotidianos y frecuentes, y cuando lo hay, existe una gran presión social para liberar a las madres fallidas (el caso “Belén” en Tucumán fue emblemático).

situación hipócritica

Esto ha provocado por décadas una situación de hipocresía normativa insólita (como también existe respecto a los periódicos casos de eutanasia en nosocomios de todo el país), donde la ley penal tipifica conductas frecuentes que luego no son socialmente respetadas, y ello provoca una deslegitimación severa del respeto a la norma justamente frente a uno de los valores más protegidos, como lo es el derecho a la vida. Fijar reglas que luego se toleran que no sean respetadas es vaciar de rigurosidad al valor coactivo de la norma, escondiendo bajo la alfombra graves problemas que más temprano que tarde deben ser afrontados, debatidos y resueltos por toda la sociedad, comprometiéndose a respetar lo reglado. Por ello, cualquiera sea el resultado de esta definición legislativa, debiera como mínimo adaptar la ley penal a los actuales preceptos de la jurisprudencia constitucional más reciente (parámetros del caso “F.A.L.” de 2012 que habilitó la práctica ante todo caso de violación) y fortalecer realmente las espasmódicas campañas de educación y prevención sexual.

Superando el resultado, anticipadamente es para celebrar que se haya visibilizado un tema hasta ahora cubierto por un insostenible manto de hipocresía, fomentando un inédito debate público sobre una cuestión literalmente vital, donde cada postura ha militado masivamente sus ideas (y cuán sano es ver a la ciudadanía movilizada por sus ideales!), ha jugado políticamente sus cartas, y ahora viene el tiempo de prepararse para respetar las posiciones antagónicas, madurando como una sociedad que acepta el resultado del juego parlamentario, y comprometiéndose a insistir con el tiempo en los cambios que falten, porque hay muchos partidos más por jugar, y tenemos que hacerlo siempre para elevar la calidad de todos, ahora sí de nuestra celeste y blanca.

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(*) Abogado. Profesor de Derecho Constitucional