Sobre el aborto y otro gran silencio

Por JOSÉ MARÍA TAU (*)
josemtau@fibertel.com

El proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) desató una polémica con argumentos y posturas irreconciliables.

La sensación es que el cuarto poder le ha dado luz verde. Y, aún más, el quinto: el de los lobbies que, en el mundo interconectado y el hipermercado global, manejan la agenda pública.

Sólo en ese horizonte se explicaría la cantinela del “acceso libre, igualitario, gratuito”, que de tanto repetirse, hasta algún legislador desprevenido podría llegar incluso a creer.

Lo “gratuito” no existe. Menos en salud. A lo sumo (como se destacaba hace días en este mismo diario aludiendo a la “gratuidad” universitaria) podría hablarse de “no arancelado”. Siempre alguien paga. Y cuando ese alguien es el estado, paga mucho más caro.

Basta una ojeada a Internet para comprobar los miles de millones de dólares que –según sus propios informes- unos pocos laboratorios obtienen por la venta de los fármacos utilizados en el llamado aborto farmacológico (como la Mifepristona y el Misoprostol), indicado justamente en las primeras semanas.

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“Lo “gratuito” no existe. Menos en salud. A lo sumo podría hablarse de ‘no arancelado’. Siempre alguien paga”

¿ Constituye el aborto un problema de salud pública ? La respuesta afirmativa no puede ser excluyente. Antes lo es de educación. Integral y sexual. Siempre, obviamente, que creamos posible una educación menos deplorable que la actual y en la administración del deseo –sobre todo adolescente- en la era del “prohibido prohibir” y sexo obligatorio.

Luego sería epidemiológico ¿ no es razonable preocuparse por esa habilitación legal sin el imprescindible énfasis en la concientización, la prevención y la conserjería sanitaria? O acaso temer que un evento traumático como el aborto pudiera transformarse en opción anticonceptiva ?

Se enarbolan estadísticas inverosímiles. Como el número de abortos clandestinos. Si son clandestinos el cómputo es dudoso por sí mismo. Y más, si el impreciso número final se basa en una fuente sospechosa para quien tenga cierta experiencia en administración sanitaria.

¿Ninguna estadística es entonces creíble ? Y… sí. Por ejemplo las de las administraciones de los países que despenalizaron y compran los fármacos abortivos, como el Servicio de Nacional de Salud en Inglaterra, con 200 mil abortos informados durante el año 2015.

Pese a sostener, quienes realizan trabajo social en terreno, que las mujeres más pobres son -por distintos motivos- las que menos abortan, se sigue batiendo el parche sobre la muerte materna en los sectores más humildes.

Aunque el proyecto no involucra sólo a mujeres. De aprobarse, en el contexto legal argentino (leyes 26.618, 26.743 y 26.862) ampliaría automáticamente el mercado de esos fármacos y –mucho más- de los laboratorios de fertilización artificial, a personas gay, lesbianas, transexuales y transgénero. Celebramos la no discriminación. Pero, a falta de obra social o mutual, todo estará a cargo al Estado.

Ni nos detendremos en el valor de la vida por nacer, salvo para aludir, por aquello de “textos, contextos y pretextos”, a otro proyecto que también tiene estado parlamentario.

Me refiero al 5700-D-2016, uno de los que regula la “gestación solidaria” (forma políticamente correcta de aludir a la maternidad subrogada, –llamada vulgarmente “alquiler de vientres”-, figura que estaba prevista en el Anteproyecto de Código Civil y se suprimió “por los graves problemas éticos que planteaba”), cuyo artículo 32° es elocuente: “Durante las primeras 14 semanas… el/la/los/as “comitente/s” (o sea: quien encarga a una mujer la gestación) podrán decidir la interrupción voluntaria del embarazo que cursa la “gestante”… ¿Cómo no evocar aquella autora feminista que en los ochenta advertía sobre la dignidad de “la mujer incubadora” (Gena Corea, “The mother machine”)?

Transcurrieron varias jornadas de exposiciones acerca del proyecto de aborto. Luego de esperar años ser debatido, no deja de sorprender cierta farandulización del primer día. Se plantearon también aspectos científicos, legales, sanitarios, principios y valores morales …. Pero hasta ahora nadie subrayó detenidamente su significado económico.

Ese silencio quizá no sea casual. Como tampoco la proliferación de tantos pañuelos, banderas y hasta bragas verde esmeralda. Incluso corbatas y pantalones masculinos. Es casi lógico dudar.

Acaso la tarea de los legisladores sea discernir detrás de algunos discursos intereses concretos, como los de la poderosa Federación Internacional de Planificación Familiar (en inglés International Planned Parenthood Federation, IPPF), organización global de “cuidados médicos y abortos”, que hace años destina cuantiosos fondos a países en vías de desarrollo, conformada también por grandes accionistas de laboratorios.

La materia que se legisla excede ciertamente el problema del financiamiento. Pero deberán asegurar la soberanía al momento de votar. Y, obviamente, evitar parecer ingenuos.

(*) Abogado; vicepresidente de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica