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El operativo desplegado por autoridades policiales y judiciales del Gran Buenos Aires, que detuvo a una banda acusada de extorsionar a los feriantes que se instalan en el Parque Pereyra Iraola en cercanías de la Rotonda de Alpargatas, permitió poner en evidencia no sólo las características del delito sino el desborde existente en materia de ocupaciones ilegítimas en el paseo público y espacio verde más importante de la zona. Una trascendencia que, como se sabe, se ha visto cada vez más amenazada por toda clase de intrusiones ilegítimas.
Tal como se informó en EL DIA, las autoridades lograron identificar y detener a cinco personas, entre ellas la presunta jefa de la banda, que cobraban en forma compulsiva una suerte de “canon” a los vendedores para permitirles montar sus puestos.
Lo cierto es que, según se detalló en la nota publicada, el Parque Pereyra Iraola lleva años de pérdidas territoriales registradas no sólo en el sector gradualmente ocupado por los feriantes, sino en toda la superficie de sus 10 mil hectáreas originales. De las cuales, sólo unas 2 mil permanecen afectadas al destino fijado en oportunidad de su expropiación –es decir, convertirse en paseo público y reserva forestal- mientras que el resto se fue perdiendo en sucesivas e incomprensibles cesiones temporarias promovidas por el Estado provincial, que nunca concluyen, y en ocupaciones ilegales por parte de distintos tipos de intrusos.
Desde hace ya varias décadas que desde esta columna se viene reclamando contra la sucesión de ocupaciones ilegítimas y cesiones registradas en el predio, un espacio de excelencia por sus dimensiones y por la riqueza de su arbolado, considerado además como el único pulmón verde que amortigua la cercanía entre la urbe porteña y la ciudad de La Plata.
Se dijo desde entonces que son las autoridades y organismos bonaerenses –en especial la Fiscalía de Estado, en su condición de defensora de los intereses de la Provincia- quienes deben extremar esfuerzos para que terminen las ocupaciones precarias o ilegítimas en el predio, respetándose sus condiciones intrínsecas de paseo público y reserva forestal. Lo llamativo es que, en la mayoría de los casos, han sido las propias administraciones provinciales las que cedieron parcelas, en actitudes tan incomprensibles como desaprensivas.
Han sido también especialistas en cuestiones de Derecho y en el tema medioambiental, a los que se sumaron en los últimos años numerosas organizaciones no gubernamentales, quienes vienen reclamando en defensa de la integridad del parque Pereyra Iraola, aportando cada uno de ellos argumentaciones tan valiosas como consistentes.
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Asimismo, es de esperar que las administraciones provinciales se ocupen de impedir que proliferen basurales y de que se realicen en forma continua talas clandestinas, sin perjuicio de que los organismos a cargo del Parque velen por una mejor preservación de esa inmensa riqueza natural que, muchas veces, aparece como abandonada.
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