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Es por la quita de los subsidios a la tarifa eléctrica, el transporte y compensación por depositar residuos en la Ceamse
JOSÉ MALDONADOjmaldonado@eldia.com
Los municipios bonaerenses serán uno de los principales perjudicados por el impacto del ajuste fiscal proyectado por los gobiernos nacional y provincial para el año próximo. En total, sumados todos los ítems por los sufrirán recortes, las comunas dejarán de percibir el año próximo unos 14.284 millones de pesos.
La cifra surge del proyecto de Presupuesto 2019 girado por el gobierno de María Eugenia Vidal a la Legislatura, que a su vez se desprende de las previsiones contenidas en el cálculo de gastos y recursos nacional.
El ajuste en los municipios se instaló este año como eje de la principal pelea política en torno al Presupuesto bonaerense que comenzó a debatirse en última semana.
Es que la decisión del Ejecutivo bonaerense de trasladar buena parte del recorte de tarifas sociales a los municipios generó críticas y reacciones que no sólo fueron de jefes comunales de la oposición sino también del oficialismo.
Entre los “propios” que alzaron la voz estuvo Julio Garro, que dijo que el municipio platense “y otros no pueden afrontarlo”. “No es un capricho, no es antojo, es la realidad”, dijo.
Las intendencias bonaerenses ya venían anticipando un 2019 con menos recursos, a partir del anuncio de la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS) o Fondo Sojero.
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Se trata de fondo compuesto por el 30% de los montos recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja, harinas y aceites de soja, que son transferidos a las provincias, a los municipios. La provincia de Buenos Aires es la mayor beneficiaria, y en 2017 los municipios recibieron unos 1.300 millones de pesos. El año próximo no recibirán nada.
Las malas noticias para los intendentes siguieron cuando se hizo público el texto del proyecto de Presupuesto que Vidal giró al Senado el lunes pasado. En la iniciativa, se prevé el traspaso a los municipios de las responsabilidades de gasto que a su vez Nación había trasladado al Ejecutivo bonaerense.
Básicamente, dispone que los subsidios al transporte automotor destinados a cubrir el desequilibrio entre la tarifa y el costo de la provisión del servicio en las líneas del interior de la Provincia sean financiados por los municipios.
El total de esa transferencia implica unos 2.450 millones de pesos. El municipio más afectado por esta decisión será Bahía Blanca, que entre la compensación y los subsidios al gasoil deberá financiar con recursos propios un gasto de casi 400 millones de pesos.
El otro gran ítem que impactará en las finanzas de las intendencias será la transferencia de los costos de subsidio de la tarifa social eléctrica.
En los fundamentos del proyecto de Presupuesto, el Ejecutivo explica la decisión al señalar que “resulta natural que los gobiernos municipales afronten el costo de la tarifa social de energía eléctrica en virtud de la disposición geográfica de los beneficiarios”.
Según las estimaciones hechas por el propio oficialismo, en total los municipios bonaerenses deberán poner de sus arcas en 2019 unos 8 mil millones de pesos por este concepto.
Pero hay más. El proyecto de Presupuesto 2019 de Vidal vino con otra cláusula que generó controversia entre los intendentes.
Como la Provincia dejará de hacerse cargo de una compensación que le pagaba a la Ceamse, el monto tendrá que ser atendido por las 33 comunas que depositan sus residuos en los predios de la empresa.
No se trata de una suma menor. De acuerdo a las estimaciones oficiales, lo que están en juego son nada menos que 2.534 millones de pesos para el año que viene y que tendrán que afrontar las comunas en distintas proporciones.
Esta decisión del gobierno de María Eugenia Vidal les pega de lleno a La Plata, Berisso y Ensenada. Pero también, a Magdalena y Brandsen. Las cinco comunas tienen convenios con la empresa que recibe y trata los residuos.
En total, entonces, serán unos 14.284 millones de pesos los que deberán poner los 135 municipios en 2019. ¿Podrán los intendentes hacer que la Provincia dé marcha atrás con alguna de estas medidas? La negociación que ya se abrió en la Legislatura traerá la respuesta.
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