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HÉCTOR AGUER (*)
Hace tres años, en 2015, el anterior gobierno bonaerense promulgó una ley de educación sexual integral, votada en la legislatura en “un paquete”, es decir, que cada legislador no tuvo tiempo, ocasión o interés de conocer profundamente lo que estaba aprobando.
Promulgada también “en paquete”, la 14.744 pretendió imponer esa peculiar asignatura desde el nivel inicial hasta el último año del ciclo secundario: según esta disposición se debe reconocer, más aún asegurar, a los educandos el ejercicio de una docena de “derechos sexuales”, entre ellos el derecho “al placer sexual”. En su momento, he calificado este atropello a la libertad, a la integridad personalísima de la educación y a la formación moral de niños y adolescentes, de abuso innecesario y norma inconstitucional.
Por ahora surge una amenaza peor. Un proyecto de ley, que ha obtenido –otra vez subrepticiamente – la media sanción de la Cámara de Diputados y lleva fecha de 3 de mayo de 2018, intenta modificar aquella ley 14.744. Los fundamentos de la iniciativa señalan que otro órgano legal, que lleva número 26.150 “autoriza a las iglesias a dictar la educación sexual según sus preceptos oscurantistas, prejuiciosos y discriminadores”, y además se añade que “la Iglesia Católica es hoy quien encabeza la resistencia a la legalización del derecho al aborto, valiéndose de su lugar privilegiado como Estado dentro del Estado”.
Continúa fundamentándose la nueva disposición en el movimiento estudiantil secundario que protesta contra “las prácticas escolares binarias, que llevan a la invisibilidad de la heterodisidencia, la homosexualidad, las infancias y adolescencias trans, y problemáticas como el aborto y el embarazo adolescente”; critica asimismo “la falta de una educación sexual que abarque todas estas cuestiones de manera crítica, científica y con perspectiva de género”. Evidentemente, los diputados atribuyen a un “movimiento estudiantil secundario”, las reivindicaciones de los lobbies LGBT (ahora se agregan otras consonantes) que como Estado dentro del Estado impulsan la vigencia totalitaria de la ideología de género, según la cual ya no existe una naturaleza humana, la de la persona varón y la persona mujer, sino una construcción cultural que reemplaza la realidad por el capricho irracional expresado como el “sentirse” individualísticamente como lo que no se es.
El protagonismo del nuevo modelo de educación sexual se otorga “a los centros de estudiantes, a los sindicatos docentes y a las organizaciones de mujeres y minorías sexuales”. Son ellos quienes deberán decidir qué aprendan y vivan los escolares bonaerenses. Los artículos de esta semi-ley imponen una “educación sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género en establecimientos públicos, de gestión estatal y privada dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia” (art.2). El Organismo de Aplicación, como ya quedaba insinuado en los fundamentos, lo integrarán “representantes de la D.G.C.E, centros de estudiantes de las escuelas secundarias e institutos terciarios, sindicatos docentes, representantes de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual y de género”. La pregunta que brota espontáneamente ante semejante exceso es: ¿no podrán decir una palabra los padres de los educandos? ¿Ni muchos maestros y profesores que se verían desplazados por no adherir a semejantes desafueros?
Se insiste a rajatabla en la obsesión antirreligiosa: el propósito de tal proyecto es “abonar a esa toma de conciencia a través del debate con un abordaje laico y científico y la crítica a toda perspectiva religiosa oscurantista, opresora, discriminatoria, coercitiva o explotadora y a todas las formas de abuso y violencia sexual” (art. 5, e). El lenguaje, más bien “demodé” no promete nada de científico; es el propio de la masonería y el marxismo, ahora requintado en la ideología de género. ¿En qué manos caerán las almas y los cuerpos de los escolares bonaerenses? Desde jardín de infantes hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria, deberán entrar los alumnos en talleres de 2 horas cátedra semanales, manejados, como ya se ha señalado, por “centros de estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual y de género, y distintos especialistas para abrir un debate colectivo que apunte a examinar críticamente la sexualidad y las relaciones entre las personas en el presente de nuestra sociedad”. El intento es, claramente, la destrucción de las familias y el rediseño de la sociedad argentina.
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Basten los botones de muestra que he exhibido. Me permito una conclusión acerca de esta posible ley (¡Dios nos libre de ella!) que debería
llamarse: Ley de Perversión Sexual Integral.
•Es contraria a la libertad de educación, entendida en los términos más generales.
•Es contraria a la libertad de los padres y madres de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, máxime en una materia tan delicada y decisiva para la formación de la personalidad.
•Es contraria a la libertad que asiste a las instituciones educativas de gestión privada de aplicar sus propios proyectos, reciban o no apoyo económico del Estado.
•Es contraria a libertad de la Iglesia, asegurada tanto por la Constitución Nacional como las Provinciales. Asimismo se opone a la libertad de educación que asiste a otras confesiones religiosas.
•Es una inaceptable imposición totalitaria, antidemocrática, y destila odio, como nunca se había visto hasta ahora en la legislación provincial.
•“¡Last, but not least!” Es inconstitucional. El art.199 de la Constitución bonaerense establece que los escolares de la provincia recibirán una educación integral, de sentido trascendente y según los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia.
Convoco a los lectores de EL DÍA a manifestarse ampliamente en contra de este atropello, y a los expertos a estudiar posibles acciones de inconstitucionalidad.
(*) Académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
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