En medio de la polémica por el caso del carnicero, Vidal busca modificar los juicios por jurados

Hace algunas semanas, Daniel Oyarzún, un carnicero de Zárate que estaba detenido por perseguir, atropellar con su camioneta y matar a un ladrón, fue absuelto por un jurado popular, que entendió que el hombre actuó en legítima defensa. El veredicto del jurado generó polémica y puso de nuevo en debate el sistema que ya lleva más de tres años de vida en el sistema penal de la provincia de Buenos Aires, con defensores y detractores.

En medio de esa controversia, en la Legislatura bonaerense se acelerará ahora el debate por un proyecto de ley enviado por el gobierno de María Eugenia Vidal que propone establecer una serie de modificaciones al proceso de juicios por jurados, que generaron una fuerte reacción de organismos y asociaciones defensoras del sistema.

Los cambios fueron incluidos en la reforma del Código de Procedimiento de la Provincia que se discute en Diputados, un proyecto que en cierta forma refleja la mirada de Cambiemos sobre el sistema penal bonaerense y que tiene un especial énfasis en la idea que las víctimas de los delitos tengan más incidencia en todo el proceso.

De las modificaciones propuestas para el juicio por jurados, la que más críticas disparó fue la que establece que esta modalidad de juzgamiento dejará de ser la regla y pasará a ser la excepción.

La legislación vigente estipula que el sistema de jurados es obligatorio para el juzgamiento de crímenes y que los propios imputados son los que, eventualmente, deben renunciar a ese derecho. De sancionarse la reforma se invertirá la carga, es decir, los imputados deberán ser quienes pidan ser juzgados con jurados, lo que ya genera críticas y advertencias sobre las consecuencias.

Además, crea una instancia de revisión de los fallos en Casación para las víctimas y los particulares damnificados en casos de veredicto absolutorio, con la idea de darle más herramientas. “Hoy, el imputado puede recurrir el fallo y la víctima no”, explicaron desde el Ejecutivo. De aprobarse, por ejemplo, los familiares del ladrón asesinado por Oyarzún podrían recurrir el fallo absolutorio dictado por el jurado para el carnicero.

LE PUEDE INTERESAR

Rosenkrantz asume como nuevo presidente de la Corte Suprema

LE PUEDE INTERESAR

Residuos: abren los sobres con las propuestas económicas y la licitación se adjudica en un mes

El proyecto impulsado por Cambiemos también elimina la unanimidad para las condenas perpetuas (se requerirán 10 sobre 12 votos). En este punto, la reforma propuesta desde el ministerio de Justicia provincial tiene el sentido de evitar que, en la dinámica de los juicios, el voto de un jurado que puede haber sido corrompido obstruya la posibilidad de lograr una condena a perpetua. “Diez votos sobre doce sigue siendo una mayoría calificada”, aseguran en el gobierno provincial.

AGILIZAR LOS PROCESOS

El último punto de la reforma tiene como objetivo agilizar los procesos y solucionar problemas que hoy se presentan en muchos departamentos judiciales de la Provincia, que es la falta de jurados. La legislación actual prevé que, en la audiencia previa al juicio para seleccionar los integrantes del jurado, las partes tienen derecho a hacer cuatro recusaciones “sin causa”, simplemente por el hecho de suponer que ese jurado podría estar predispuesto a votar de determinada manera. Esa herramienta apunta a que el jurado que finalmente se conforme sea el más imparcial posible. La reforma de Vidal propone eliminar estas recusaciones.

“Hay una enorme cantidad de juicios que se suspenden porque no llegamos a juntar los jurados. Por eso proponemos que las recusaciones tengan que ser fundamentadas, Es un cambio que tiene que ver con nuestra realidad sociocultural. La provincia de Buenos Aires no es Estados Unidos”, dicen en el Ejecutivo.

La propuesta ya generó reacciones. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip) la calificaron como una “farsa” y también hubo críticas desde la Asociación Argentina de Juicios por Jurados.

“Lo primero que hay que decir es que el gobierno de Vidal impulsó esos cambios a contramano de lo que dijo la comisión de especialistas que estuvo trabajando un año en el estudio del proyecto y que señaló en cuanto a los juicios por jurados no debería haber ninguna modificación”, dice Andrés Harfuch, de Inecip.

Para el especialista, todas las modificaciones propuestas son nocivas para el sistema. “Con un discurso demagógico hacia las víctimas, incluyen cuestiones que no están en ninguna otra legislación del mundo de juicios por jurados, como la instancia de apelación”, agrega.

“Los juicios tienen popularidad porque los veredictos son unánimes, porque cuando el pueblo dicta un veredicto es soberano. El juicio por jurados no es garantista ni mano dura. Es el sistema más antiguo de la humanidad y es como un mecanismo de relojería, que se altera si tocas una parte”, cuestiona el abogado de Inecip.

El organismo emitió un documento en el que cuestionó con dureza las reformas. “No resuelve los problemas que aquejan al sistema de justicia penal bonaerense, y contrariamente a lo esperado, atenta directamente contra la única institución que ha mejorado la administración de la justicia penal (...) La justificación de estos cambios en la reivindicación de los derechos de las víctimas es un acto de demagogia inaceptable”, sostuvieron.

Las reformas sobre juicios por jurados están incorporadas en el proyecto de reforma del Código de Procedimiento que Vidal envió a la Legislatura y que hasta ahora no han logrado mayores avances. Radicado en la comisión de Legislación General de Diputados, la norma todavía no comenzó a debatirse.

Las víctimas son, en rigor, las protagonistas del texto de la norma que refleja la mirada de Cambiemos en materia penal -con fuerte impronta del Procurador Julio Conte Grand- sobre los cambios que se necesitan para el procedimiento penal en la Provincia. El otro gran objetivo es emprolijar un código que, desde que entró en vigencia, ya tuvo más de 30 parches.

Por ejemplo, la norma estipula que las víctimas de delitos tendrán derecho a que su opinión sea tenida en cuenta al momento en que los jueces de garantías resuelvan medidas como la excarcelaciones y otros beneficios para los acusados en la instancia de ejecución. Además, tendrán más acceso a las causas y más información sobre el devenir de las investigaciones.

Si bien hasta el momento no ha tenido mucho movimiento, en el Ejecutivo quieren que la reforma del Código Procesal empiece a debatirse con la intención de que se trate el año que viene. “La idea es que se empiece a trabajar en comisiones conjuntas de las dos cámaras”, dijeron desde el Ejecutivo a este diario.

Con este nuevo impulso, la intención de Cambiemos es poder contar con la reforma antes de que finalice el mandato de Vidal.