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Carlos G. Lazzarini
Durante los primeros años del gobierno de Javier Milei, la escena pública estuvo dominada, en términos generales, por una narrativa de ruptura, signada por la batalla cultural contra la casta, la confrontación como modo de construcción identitaria, y el orden macroeconómico como horizonte de legitimidad.
Esa estrategia le permitió al gobierno nacional fijar agenda, organizar el campo en tensión y sostener una conversación pública articulada en torno a sus propios interese. No hay duda, captó con singular destreza, el clima de época.
Pero existe un umbral en el que el relato ya no sostiene. Un punto en que la vida cotidiana, de proximidad, empieza a pasar factura. Y ese umbral se hace visible, antes que ningún otro lugar, en el territorio. Es ahí donde la economía deja de ser un dato macroeconómico para convertirse en experiencia concreta, en textura de la diaria.
La obra pública paralizada, el aumento del combustible y consecuentemente del transporte, el deterioro sostenido de los servicios, y el dinero que no alcanza son, entre otros, ejes articuladores de los reclamos cada vez más intensos. Ya no se trata de una disputa partidaria o ideológica, sino de una fractura estructural y transversal.
Lo verdaderamente significativo, sin embargo, no es solo la magnitud del petitorio que suscribieron los más de 150 intendentes, sino el hecho de que quienes están en la primera línea de la vida cotidiana, los gobiernos locales, hayan decidido alzar la voz de manera coordinada. No como gesto de confrontación táctica, sino como expresión de una preocupación que ya no se administra en silencio. Es la política del territorio reclamando su propio lugar de enunciación.
La expansión de los reclamos territoriales podría significar el punto de partida para construir una agenda bonaerense que se salga del libreto conocido. Una agenda que entienda que el problema no se reduce a una coyuntura fiscal ni a una negociación puntual con la Nación, sino que remite a una pregunta más profunda sobre cómo se organiza un país para que la escala más próxima a la vida cotidiana tenga real capacidad de respuesta.
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En la provincia de Buenos Aires, esa discusión tiene una urgencia particular. Allí se concentra buena parte de la población, de la producción y también de la conflictividad social del país. Pero, a la vez, persiste una estructura de financiamiento que hace tiempo dejó de guardar relación con su peso específico y con la magnitud de sus responsabilidades. El resultado es una fragilidad sistémica que se traslada hacia los municipios, que son quienes absorben el desgaste de la crisis convierten, por caso, la retracción de la obra pública en deterioro de la infraestructura barrial. Concreta y palpable. A la vez, son los gobiernos locales los que median entre el Estado y el conflicto social cotidiano.
Por eso, sería de esperar que la discusión del próximo ciclo electoral no se agote en el reclamo de transferencias o compensaciones extraordinarias. El desafío bonaerense exige una conversación más ambiciosa, que revise el esquema de coparticipación, redefina competencias entre niveles de gobierno, actualice el sistema impositivo y avance en mayores niveles de descentralización y autonomía local real. Y que se anime, además, a explorar propuestas todavía más innovadoras.
No se trata de abrir una disputa abstracta sobre federalismo, sino de construir un Estado más sensato, más moderno, y más acorde a una sociedad donde los problemas llegan primero al barrio.
Tal vez la señal más reveladora de estos días sea exactamente esa. El territorio volvió a poner sobre la mesa una discusión que la política viene postergando desde hace demasiado tiempo. La agenda bonaerense que se avecina no puede limitarse a administrar la urgencia. Debe animarse a pensar, con seriedad y con audacia, cómo se construye capacidad de decisión, desarrollo y previsibilidad para las próximas décadas. La crisis, si se la sabe leer, también es una oportunidad de reformulación. Hay ya algunos movimientos políticos en ese sentido.
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