Financiamiento universitario: el Gobierno busca impulsar un proyecto propio tras el revés judicial

Después que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara la apelación del Gobierno nacional y le exigiera la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo y Recomposición del Salario Docente, el Poder Ejecutivo busca implementar una nueva iniciativa para reemplazar la norma que fuera aprobada por la oposición y cuestionada por el oficialismo.

La Justicia instó al Gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley Nº27.795, que establecen la actualización salarial para docentes y no docentes por el período diciembre 2023 - septiembre 2025, además de la recomposición de los programas de becas, tras desestimar los argumentos oficiales sobre el costo de la medida, señalando que el impacto fiscal es bajo y no afecta el interés público.

Por el contrario, subrayaron que lo que está en juego es el derecho constitucional a la educación superior. El fallo confirma lo dictado previamente por el juez Enrique Cormick, quien consideró que el Decreto 759/2025, que suspendía la norma, era “manifiestamente arbitrario”.

El proyecto que fue enviado al Congreso y ahora el Gobierno busca impulsar no deroga la ley aprobada pero sí la modifica. La iniciativa que busca consagrar el oficialismo recupera el salario real perdido por los trabajadores docentes y no docentes de establecimientos universitarios durante el 2025, pero convalida el recorte que hubo en el 2024 argumentando que el objetivo de la norma propuesta es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento”.

En cuanto a la recomposición salarial, la iniciativa del Gobierno establece una actualización escalonada en tres tramos de 4,1% (en marzo, julio y septiembre) hasta recuperar lo perdido el año pasado (un 12,3% en términos reales), ignorando que la mayor pérdida de poder adquisitivo se produjo en 2024, ya que fue cerca de un 38%.

La ley que está vigente obliga a recomponer lo perdido desde el 1º de diciembre de 2023, ya que tuvo en cuenta que los meses de mayor salto inflacionario se dieron a fines de ese año y en el primer cuatrimestre del 2024.

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El proyecto del Gobierno, por otra parte, apunta a actualizar las partidas para gastos de funcionamiento de universidades durante 2026 solamente si la inflación supera el 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Esto significa que no habrá una recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento del 2024 y 2025, como ordena la ley vigente aprobada el año pasado.

En tanto, el nuevo proyecto mantiene la obligación de convocar a paritarias del sector “con una periodicidad que no podrá exceder los 3 meses”, pero suprime la parte de la norma vigente donde exige que las mismas deben convocarse “asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”.

Otro punto del proyecto del Gobierno es que establece un monto de poco más de 80 mil millones de pesos para reforzar partidas del sistema de salud universitario, independientemente de la dinámica inflacionaria y del ajuste en años anteriores.