Vence el plazo judicial: el Gobierno debe girar fondos a las universidades

En el día de hoy, el Gobierno debería girar a las 56 universidades nacionales 2,5 billones de pesos para compensar la pérdida en salarios y gastos operativos. Así lo ordenó la Justicia en un fallo de segunda instancia hace unas dos semanas.

El Poder Ejecutivo buscaría ganar tiempo y apelaría, sobre el cierre del plazo, a la Corte Suprema de Justicia. Las comunidad académica y los gremios están en alerta: piensan en dejar la modalidad de los paros activos (“a la japonesa”) para reeditar la convocatoria masiva de 2024, la más multitudinaria que sufrió la administración de Javier Milei, que se ataja y advierte que “vuelve el déficit” si paga esos fondos.

Una protesta masiva es algo que genera una cierta inquietud en la Rosada: saben que el escenario de casi medio millón de personas en la calle, como hace dos años, podría tener un impacto mayor que entonces porque la situación general y la actualidad del gobierno no es la misma.

humor social, inflación, Adorni

Es verdad que el oficialismo tiene más fuerza en el Congreso. Pero el relato contra la casta, herramienta que aquella vez sirvió como amortiguador, está dañado y el humor social está mucho más bajo, según marcan las encuestas que consumen en Balcarce 50. Entre otros ítems, la inflación marcó su décimo mes en ascenso, la recaudación sigue cayendo y Manuel Adorni está en un berenjenal judicial por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fecha límite de hoy la dictaminó la sentencia de la Cámara III en lo Contencioso Administrativo, que rechazó la apelación del ministerio de Capital Humano y exigió al Gobierno que implemente de inmediato la ley de Fortalecimiento Universitario.

En la Procuración del Tesoro que conduce Sebastián Amerio -hombre de Santiago Caputo- no muestran las cartas, porque dicen que no quieren entorpecer la estrategia. Si bien Capital Humano es el área sustantiva de la causa, el patrocinio legal depende de los abogados del Estado. Funcionarios de alto rango se exponen a condenas penales por incumplimientos de sus deberes.

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¿Va a la Corte?

Recurrir a la Corte Suprema es el último paso que le queda al Gobierno. Pero no hay un buen panorama: el máximo tribunal solo falla sobre cuestiones de fondo y no sobre cautelares. Cualquier otra solución representaría un cambio de paradigma. Lo dicho. el recurso sí serviría para ganar tiempo.

En el ministerio de Economía también callan. Es la cartera que define el destino del dinero. En los hechos, pagar según lo que indica la ley que el Presidente vetó pero el Congreso sostuvo el año pasado en dos oportunidades. El legislativo ratificó la norma cuando hizo caer el veto y luego cuando borró el capítulo 11 de la Ley de Presupuesto 2026, que había sido introducido por el Ejecutivo para esconder la derogación de la norma.

A principios de año, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Alvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se reunieron en Casa Rosada con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para hablar de una nueva ley que reemplace a la vigente. El Gobierno pretendía entonces conseguir los votos en el Congreso e impulsar un proyecto que no golpeara con tanta fuerza el equilibrio fiscal, dogma de la gestión libertaria pero cada vez más acorralada por la caída de la recaudación.

Finalmente se impuso la idea de demorar la iniciativa y apostar a que la designación de Juan Mahiques como ministro de Justicia podía ayudar a obtener una sentencia favorable en los tribunales. No ha pasado.

El fallo adverso en segunda instancia y la negativa del Ejecutivo a pagar complica otras negociaciones legislativa justo cuando la Rosada, tras la sanción de la ley de Glaciares, buscaba retomar la iniciativa política y acumular triunfos en el Congreso que le sirvieran para controlar la agenda.

En el gabinete, ministros de peso mantienen la idea de insistir con una nueva ley que tenga menos impacto fiscal. Y miran a la UBA, la mayor universidad del país y en sí misma un polo de poder de tinte opositor: señalan que sería conveniente esperar que termine con sus elecciones internas.

La semana que viene se completarán los comicios de los estudiantes -los más combativos en este tema del presupuesto- pero seguirán, más adelante, los de graduados, profesores y decanos que culminará con la asamblea que definirá al nuevo rector.

La comunidad universitaria extra CABA sostiene que no se puede supeditar la negociación con 56 universidades a lo que pase en la a UBA. Y vuelven a hablar de una protesta masiva con el objetivo de presionar a la Rosada.