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La ciudad de Quilmes se convirtió en el epicentro de una fuerte disputa política y económica tras el cruce de acusaciones entre la diputada provincial Mayra Mendoza y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en torno a la aplicación de tasas municipales y el impacto de las políticas nacionales en el territorio bonaerense. El conflicto escaló luego de que el titular del Palacio de Hacienda apuntara directamente contra la administración quilmeña, acusándola de aplicar cargas impositivas que, según su visión, carecen de una contraprestación real y afectan negativamente tanto a las empresas como a los consumidores finales.
El cuestionamiento de Caputo surgió tras un encuentro con directivos de las principales cadenas de supermercados del país. Según detalló el ministro, el sector planteó que uno de los obstáculos más significativos que enfrentan actualmente son las elevadas tasas municipales que no se condicen con servicios prestados por las comunas. En ese contexto, el funcionario nacional individualizó al distrito de Quilmes como uno de los ejemplos donde estas cargas impositivas impactan de manera directa en la estructura de costos y en los precios que pagan los vecinos.
Ante estas declaraciones, Mayra Mendoza utilizó sus canales oficiales para rechazar de forma tajante las críticas y redoblar la ofensiva contra la gestión que encabeza Javier Milei. La referente quilmeña calificó los dichos de Caputo como un intento de desviar la atención de la crisis económica generalizada, mencionando indicadores como la parálisis de la mitad de la capacidad instalada en las fábricas, los niveles de desempleo que comparó con los momentos más críticos de la pandemia y el creciente endeudamiento de las familias mediante tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas de alimentación.
En su descargo, Mendoza no solo defendió la política impositiva local como una herramienta de sostenimiento de los servicios esenciales y las políticas públicas en los barrios, sino que también denunció un abandono sistemático por parte del Estado nacional. La legisladora subrayó que la Nación mantiene una deuda con la provincia de Buenos Aires que supera los 14 billones de pesos y criticó el retiro de la inversión en áreas sensibles como la seguridad, la obra pública, la salud y la educación. Asimismo, cuestionó la legitimidad de los impuestos nacionales al afirmar que, si se habla de falta de contraprestación, el Gobierno nacional debería dejar de cobrarlos dado que, a su entender, ha hecho abandono de la gestión en los territorios.
Finalmente, la dirigente de La Cámpora instó a Luis Caputo a tomar contacto directo con la realidad productiva y social de Quilmes, sugiriéndole visitar hospitales, pequeñas y medianas empresas y establecimientos educativos del distrito para observar el impacto de sus medidas económicas. Este enfrentamiento se inscribe en un marco de tensión creciente entre la administración central y los gobiernos locales, marcando una profundización en la disputa por el reparto de recursos y la responsabilidad sobre el deterioro de los indicadores socioeconómicos en los municipios del conurbano bonaerense.
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