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La reforma que habilitó la inscripción desde el primer incumplimiento multiplicó los casos y expuso la magnitud de una problemática que afecta a miles de familias
A un año de que comenzara a regir la actualización del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia (RDAM) la cantidad de inscriptos en él experimentó un aumento superior al 100%. Al agilizar los mecanismos de inclusión en el listado, el cambio normativo dejó al descubierto la extensión de un incumplimiento que afecta de manera directa un número de hogares cada vez mayor.
Las cifras son elocuentes. En 2021, el Registro contabilizaba 1.020 deudores. Cuatro años después, en 2025, ese número escaló a 3.659, y en la actualidad el total de personas incluidas en él asciende a 8.510, según datos difundidos por el ministerio provincial de Mujeres y Diversidad.
Detrás de este salto hay un cambio clave: ahora es posible inscribir a quienes incumplen desde la primera cuota provisoria, sin necesidad de esperar reiteraciones.
Antes de la reforma establecida por la Ley Nº 15.520 el sistema exigía al menos tres incumplimientos —consecutivos o alternados— y sólo contemplaba deudas sobre cuotas definitivas. Con la nueva normativa, en cambio, se acortan los plazos y se habilita la intervención judicial desde el primer incumplimiento.
La medida, impulsada desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad, logró acelerar las respuestas y reforzar un criterio de mayor exigencia frente a quienes desatienden una obligación básica.
La evolución del Registro en los últimos años también expone una problemática estructural. Como se desprende de la estadística oficial, el 97,43% de las personas inscriptas son varones y el 66,5% de las mujeres no recibe la cuota o la percibe de manera irregular.
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Este escenario se vincula con la distribución desigual de las tareas de cuidado. La mayoría de niñas y niños vive con sus madres, quienes suelen asumir en soledad la responsabilidad cotidiana, una carga que impacta en sus trayectorias laborales y educativas, limitando oportunidades y profundizando brechas de género.
El incumplimiento de la cuota alimentaria es una violación a un derecho esencial de los niños, niñas y adolescentes. E implica además que, quien cubra esa falta, sea la persona que queda a cargo.
Pero la falta de pago de la cuota alimentaria no sólo vulnera derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que también constituye una forma de violencia económica. Así lo establece la Ley 26.485, que define este tipo de violencia como aquella que afecta los recursos y la autonomía de las mujeres, quienes en la mayoría de los casos deben cubrir las necesidades que el otro progenitor desatiende.
Fue frente a este escenario que el año pasado la Provincia avanzó con la Ley Nº 15.513, que introdujo cambios en el Código Procesal Civil y Comercial para simplificar y agilizar los juicios por alimentos. De esta forma se buscó fortalecer la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y garantizar derechos que siguen siendo, en muchos casos, incumplidos
Creado por ley en el año 2003, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia tiene por finalidad “registrar por orden judicial a todo obligado u obligada al pago de alimentos por sentencia firme o por convenio homologado judicialmente”.
El llamado “deber alimentario” incluye todos los aspectos necesarios para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes: alimentación, educación, salud, vestimenta, vivienda, esparcimiento y formación para un oficio o profesión. Se trata de una obligación establecida en el Código Civil y Comercial y respaldada por tratados internacionales, que corresponde a ambos progenitores, independientemente de la convivencia.
Ingresar al registro implica consecuencias concretas. Las personas alcanzadas no pueden renovar la licencia de conducir, acceder a créditos de la banca pública provincial, abrir cuentas bancarias ni habilitar comercios. Tampoco pueden inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de adopción. Además, en caso de ocupar cargos públicos, se informa al Poder Judicial para que disponga los embargos correspondientes sobre sus ingresos..
Para quienes necesitan asesoramiento o iniciar un reclamo, el Ministerio de Mujeres y Diversidad dispone de un listado de Consultorios Jurídicos Gratuitos en toda la provincia, donde se brinda acompañamiento en cada etapa del proceso judicial.
Lo que implica estar en el Registro de Morosos
No se puede renovar la licencia de conducir
Trabas para acceder a créditos en bancos públicos
Imposibilidad de abrir cuentas bancarias
Impedimento para habilitar un comercio
Si se ocupa un cargo público, la Justicia puede descontar parte del sueldo para saldar la deuda.
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