Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad

El oficialismo buscará esta semana dictaminar y aprobar en la Cámara de Diputados el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Tras una negociación de último momento con los gobernadores, el Gobierno confía en contar con los votos necesarios para avanzar sin sobresaltos.

Desde La Libertad Avanza aseguran que el poroteo es favorable, aunque evitan difundir cifras precisas para no exponer a legisladores a presiones. El cronograma prevé que este martes se constituyan las comisiones de Familia y Justicia, y que el miércoles se realice un plenario junto a Presupuesto y Asuntos Penales para firmar dictamen. La intención es llevar el proyecto al recinto el jueves.

EL GUIÑO A LAS PROVINCIAS: FINANCIAMIENTO GARANTIZADO

El principal cambio incorporado al texto apunta a resolver el reclamo de las provincias por el financiamiento del sistema. La aplicación del nuevo régimen exige infraestructura específica, equipos técnicos y la figura del supervisor judicial, lo que implicaría mayores costos para los distritos.

El acuerdo político establece que la Nación cubrirá la diferencia que genere la implementación del régimen en cada provincia. En lugar de una fórmula genérica, se prevé la firma de convenios individuales entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales. Ese compromiso busca asegurar la adhesión de los distritos, que deberán adecuar sus regímenes procesales una vez aprobada la ley.

LOS NÚMEROS EN DIPUTADOS

Para aprobar el proyecto, el oficialismo necesita 129 votos afirmativos. Parte de una base de 95 diputados propios y suma apoyos del PRO, la UCR y el MID, bloques que ya habían acompañado el dictamen el año pasado.

También cuentan con el respaldo de sectores federales alineados con gobernadores aliados: los siete legisladores de Innovación (misioneros y salteños), los tres tucumanos de Independencia y dos diputados del bloque País Federal. Dentro del interbloque Unidos se prevén posturas divididas, aunque una mayoría se inclinaría por acompañar.

En Unión por la Patria también hay diferencias internas. El Frente Renovador de Sergio Massa históricamente respaldó la baja de la edad de imputabilidad, pero cuestiona el diseño actual del proyecto y anticipó que impulsará una propuesta propia.

UN DEBATE ACELERADO POR LA AGENDA DE SEGURIDAD

Inicialmente, el Gobierno preveía tratar la iniciativa durante las sesiones ordinarias. Sin embargo, una serie de hechos delictivos con menores involucrados y víctimas fatales aceleró la decisión de avanzar ahora con el debate.

La reforma forma parte del paquete de medidas oficiales vinculadas a la política de seguridad y busca instalar un nuevo marco legal para la responsabilidad penal juvenil.

LOS EJES DEL NUEVO RÉGIMEN

El proyecto establece que los adolescentes serán penalmente imputables a partir de los 14 años. La prisión efectiva quedará reservada para delitos graves. Cuando la pena prevista no supere los seis años y no haya mediado muerte ni violencia grave, los jueces podrán aplicar sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico.

En los casos de privación de la libertad, el plazo máximo previsto es de 20 años. La norma prohíbe que los menores detenidos compartan espacios con población adulta y establece un sistema específico de tratamiento y seguimiento judicial.

Con el nuevo esquema, el oficialismo apuesta a cerrar acuerdos políticos amplios y avanzar en una reforma que considera prioritaria dentro de su agenda legislativa.

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