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En la calle, manifestaciones e incidentes / AFP
Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
La CGT tuvo ayer su paro contra la reforma laboral que se debate en el Congreso, tal vez la más osada desde el 83 a esta parte. Cuando se trató en Senadores la central había movilizado al lugar, sin cese de actividades. Para la otra media sanción optó por implementar la que sería la cuarta huelga general contra el gobierno de Javier Milei.
Con caras nuevas en la conducción, la organización gremial con el perfil más peronista histórico de todas (están también las dos CTA) hizo lo que tenía que hacer para evitar cuestionamientos de sectores rivales, como las organizaciones sindicales más de izquierda: canalizar alguna forma de protesta contra un proyecto de ley que toca varios derechos históricos de los trabajadores, que suelen ser reivindicados por el peronismo aún cuando este partido no sea estrictamente el hacedor de los mismos. “Lo piden las bases”, explicaba ayer una fuente gremial.
Pero, dato no menor, se trata de una reforma (“modernización”, según el léxico libertario) que no se metió con ninguna de las llamadas “cajas” sindicales, esos mecanismos de financiación de los gremios y sus obras sociales. Como la llamada “cuota solidaria”, que no lo es. O mantener a los empleadores como agentes de retención del pago de la afiliación sindical, lo que le garantiza a los sindicatos una alta cobrabilidad). Y, detalle no menor, tampoco se altera la lógica del modelo sindical actual, la viga maestra sobre la que los gremios peronistas construyeron su poder.
Un observador mal pensado hasta podría intuir que tanto la marcha al Congreso de la semana pasada como el paro de ayer podrían haber estado, en algún punto, negociados con el Gobierno desde el convencimiento de que están los números para que, tarde o temprano, el proyecto libertario se convierta en ley.
En esta línea, la CGT se muestra dura hacia afuera y exhibe el logro de un país parado por un día (“Más de 90% de acatamiento”, dijo ayer el triunvirato que conduce la entidad en conferencia de prensa), y la Casa Rosada habla de una movida “perversa” y “extorsiva” (Jefe de Gabinete Manuel Adorni dixit) en un negocio dialéctico para ambas partes. Es verdad que la parálisis del transporte aseguró un cierto éxito, aportando el ritmo cansino menor a un domingo o feriado; también lo es que muchos comercios abrieron.
El paro llegó, además, enmarcado en el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, que deja a casi mil familias a la deriva. Golazo para la CGT porque para su discurso resultó la ilustración perfecta de las consecuencias del modelo aperturista de la economía de Milei, que los gremios denuncian.
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Detalle: el empresario dueño de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, viene con problemas de números en FATE desde 2019, al punto que también bajó persianas durante la gestión de Alberto Fernández y luego las levantó. Pero el hombre justo el miércoles último colgó el cartel de cerrado. No hoy o el lunes próximo, luego del paro. Más combustible para los mal pensados.
Como sea, el Gobierno debería tomar nota. Según datos preliminares y no definitivos, la crisis de FATE ha pegado en la imagen presidencial. La consultora Ad-Hoc, experta en el análisis de la llamada conversación digital, detectó el miércoles último un 60% de menciones negativas sobre el Presidente por este tema y la cuestión le copó la agenda.
Las menciones sobre el cierre de la compañía en redes sociales y portales de noticias superaron las 160 mil publicaciones. El volumen de conversación fue alto y, por ejemplo, superó a lo que había generado en 24 horas la aprobación de la reforma laboral la semana anterior y la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, ítems que habían sido muy convocantes. Es el mundo en el que los libertarios dicen sentirse más cómodos. Detalles.
Ayer la CGT llamó “inescrupulosos” y “cómplices de esta traición” a los gobernadores que apoyaron con sus delegados legislativos la reforma laboral. Se enfocan, sobre todo, en los de signo peronista. Y avisaron que “recién empieza el plan de acción”. ¿Que sería cuál? ¿Más paros? ¿Más marchas? ¿Apoyar a Axel Kicillof a la presidencia en 2027? Ninguna fuente sindical consultada ayer por este diario atinaba a trazar una hoja de ruta un poco más específica sobre el tema.
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