Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo

La inminencia del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y la CGT, que evalúa convocar a un paro general el mismo día en que el proyecto llegue al recinto. El foco del conflicto está puesto en el artículo que modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidente y habilita reducciones salariales, un punto que generó fuerte rechazo sindical.

Desde la conducción de la central obrera aseguraron que la inclusión de ese artículo en la media sanción del Senado fue sorpresiva y que no formó parte de las conversaciones previas con funcionarios nacionales. Dirigentes cegetistas señalaron que la posibilidad de una huelga general ya está siendo analizada y que podría definirse en los próximos días mediante una reunión del Consejo Directivo.

El calendario juega en contra de la central sindical: el oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto el jueves de la próxima semana, tras los feriados de Carnaval, lo que reduce el margen de organización de una eventual protesta. Aun así, en la CGT sostienen que la estructura está preparada para reaccionar con rapidez y recuerdan que el plan de lucha aprobado no descartaba la convocatoria a un paro.

Los artículos en disputa

Aunque el texto aprobado por el Senado incluyó reclamos históricos de los gremios —como el mantenimiento de los aportes patronales a las obras sociales sindicales y la continuidad de la retención de cuotas sindicales—, otros puntos generaron fuerte resistencia.

Entre los artículos cuestionados figuran las restricciones salariales durante licencias por enfermedad, limitaciones al derecho de huelga y la obligación de solicitar autorización al empleador para realizar asambleas en los lugares de trabajo. Para la CGT, esos cambios implican un retroceso en derechos laborales.

La vía judicial

En paralelo a la discusión política, abogados de la CGT comenzaron a analizar una eventual estrategia judicial en caso de que la ley sea sancionada. Durante reuniones técnicas evaluaron posibles planteos de inconstitucionalidad, bajo el argumento de que la reforma podría vulnerar el principio de progresividad de los derechos laborales.

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Sin embargo, algunos especialistas advierten que no todos los artículos serían fácilmente impugnables. En el caso de las licencias médicas, señalan que se trataría de un derecho individual, lo que limitaría la legitimación de los sindicatos para accionar judicialmente.

La defensa del oficialismo

Desde el bloque de La Libertad Avanza niegan que el artículo sobre licencias haya sido incorporado a último momento y sostienen que apunta a reducir abusos vinculados a certificados médicos irregulares. Funcionarios y legisladores del espacio aseguran que la normativa mantiene intactas las protecciones frente a enfermedades graves y que busca trasladar ciertos costos a la seguridad social.

El oficialismo insiste en que no aceptará modificaciones durante el tratamiento en Diputados, ya que cualquier cambio obligaría a devolver el proyecto al Senado y retrasaría su aprobación. El presidente Javier Milei pretende que la reforma esté sancionada antes del 1° de marzo, cuando inaugure las sesiones ordinarias del Congreso.

Pero pese al respaldo que obtuvo en la Cámara alta —42 votos a favor y 30 en contra—, el escenario en Diputados aparece más incierto. En la propia bancada oficialista admiten que el conteo de apoyos se realiza artículo por artículo.
Entre aliados del PRO también surgieron reparos, especialmente en lo referido a las licencias por enfermedad y a regulaciones vinculadas con el cobro de salarios. Dirigentes del bloque plantearon la necesidad de revisar esos puntos para evitar una reducción en la protección de los trabajadores.

Dentro del Gobierno tampoco hay consenso absoluto sobre acelerar los tiempos del debate. Algunos sectores advierten que forzar una votación sin los acuerdos necesarios podría poner en riesgo artículos clave de la reforma. El resultado es un escenario abierto, con negociaciones en marcha y una creciente presión sindical en la antesala de una sesión que promete ser conflictiva.