Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro

Cuánto se ha debatido a nivel judicial, académico y político sobre la inimputabilidad de los menores de 16 años y el instituto de las medidas de seguridad, que antes salían a cuenta gotas, sobre todo en casos de excepcional gravedad. Pero ahora, al menos en el departamento judicial de La Plata, se está vislumbrando una nueva tendencia. Si bien no es generalizada, ya no suena tan extraño que un joven no punible reciba una orden de encierro, que puede llegar a extenderse hasta que cumpla la mayoría de edad, con revisiones periódicas.

Sin dudas esta cuestión reabre un viejo dilema del sistema penal juvenil: el delicado equilibrio entre la protección integral del niño, niña o adolescente y la necesidad de resguardar a la sociedad frente a conductas de extrema violencia en medio de una creciente exigencia social de seguridad y respuesta estatal frente a hechos violentos.

Entonces surgen preguntas que se imponen sin tapujos: ¿La presión externa, aunque no formalizada, opera como un condicionante real en la toma de decisiones? o ¿la fría letra de la norma puede dar lugar a los matices e interpretaciones?

Especialistas insisten que las medidas de seguridad no se tratan de penas encubiertas, sino de medidas tutelares excepcionales, sustentadas en informes interdisciplinarios y orientadas -al menos en sus fundamentos- a la contención, el tratamiento y la resocialización del menor en problemas con la ley.

No obstante, el impacto práctico de estas decisiones genera interrogantes y tensiones con los estándares internacionales en materia de derechos de la infancia.

Así, el viraje que empieza a observarse en La Plata no solo reaviva el debate jurídico sobre los límites de la inimputabilidad, sino que expone con mayor crudeza el rol que ocupa la sensibilidad social en la administración de justicia.

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Una justicia que, frente al reclamo colectivo, parece comenzar a redefinir los alcances del encierro como herramienta de intervención.

En los hechos graves o gravísimos, como fueron los asesinatos de Kim Gómez o Mateo Yagame en nuestra ciudad, la decisión de reclusión para dos adolescentes no provoca tanto impacto, porque la reacción social fue unánime en ese sentido. Tampoco en el hecho de la nena de 5 años violada en una vivienda de Arturo Seguí en la antesala del Año Nuevo.

Precisamente, por ese episodio, ayer un menor de 14 años fue puesto a disposición de Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, que deberá resguardar su integridad física y psicofísica mientras la Justicia disponga su salida.

Estaba con la madre en una vivienda de Villa Elisa y hasta ese lugar llegó una comitiva policial para leerle la disposición con la firma del juez Guillermo Marcenaro, quien hizo lugar a la petición de la fiscal Sabrina Cladera.

También se ha empezado a notar esta nueva realidad jurídica en los hechos con reiterancia elevada. Esos de menores que no llegan a los 16 años y tienen 10, 20, 30 o hasta más entradas en distintas dependencias policiales, que sirvieron para bautizar el sistema como el de la “puerta giratoria”.

Ejemplos paradigmáticos de esa terrible situación, por citar solo algunos, son los -tristemente célebres- “Hermanos Macana” o “los Piraña González”, que cuentan con un palmarés delictivo que asusta.

Por eso, ahora ya no es tan atípico que los adolescentes que delinquen puedan terminar encerrados, independientemente si pueden o no ser sometidos a proceso por la barrera temporal.

La nenita abusada en Arturo Seguí continúa internada en el hospital Sor María Ludovica, siempre acompañada por su madre, quien en diálogo con EL DIA celebró la noticia de la captura del chico de 14 años presuntamente involucrado en el aberrante ataque.

Según la mujer, su hija sindica al menor, pero el hermano de 19 años, que sigue detenido en una alcaidía, “estaba ahí”.

En ese punto, cree que por acción u omisión, también es responsable.

UNA AUDIENCIA QUE LLEGA

A casi un año del crimen de Mateo Yagame (18) en Los Hornos, hoy debería conocerse la decisión de la Justicia respecto del menor inimputable, que tiene una medida de seguridad vigente.

Por este caso, sus familiares, amigos y allegados siguen reclamando una extensión de la guarda para el acusado, que mató a los 14 años.

Cabe recordar que, Mateo fue asesinado el 11 de enero de 2025 tras un brutal ataque por parte de un grupo de jóvenes en la zona de 76 y 153.

Tras una ardua investigación, la Policía logró identificar al agresor en una vivienda de 135 entre 78 y 79. Por entonces, dictaron un año de encierro y el próximo 11 de enero podría quedar en libertad.

Frente a esta situación, la familia de la víctima pide que extiendan nuevamente el plazo.

“Matar no es gratis. Esto no va a ser gratis. Ese sería ponerle un freno a estos chicos”, sostuvo la abuela de Mateo en declaraciones a medios locales.

Amigos y allegados acompañan el pedido: “No lo liberen, aunque sea menor, no lo liberen”.

Por el momento, la causa está caratulada como “homicidio” y el menor implicado no podrá ser llevado a un estrado judicial para responder por sus actos.

En una nota con este diario, Noelia, la mamá de Mateo, expresó: “Le pido a la jueza que decida con responsabilidad. Hoy cualquiera te mata y no pasa nada. Nosotros ya perdimos a Mateo, pero no queremos que otras familias pasen por esto”.

El impacto emocional también deja secuelas profundas. Noelia estuvo en tratamiento psicológico, pero lo dejó porque necesitaba volver a trabajar para sostener a sus otros hijos.