La Defensoría de Tandil alertó por reclamos de agua y pidió extender la red y revisar la tasa

La Defensoría del Pueblo de Tandil elevó al Concejo Deliberante un informe en el que detalla los reclamos vecinales por el acceso al agua potable en distintos puntos de la ciudad, solicita la extensión de la red, revisiones en la facturación del servicio y una gestión coordinada entre el Municipio, la Provincia y la Nación para garantizar el suministro, especialmente en barrios populares.

El documento, firmado por la defensora Paula Lafourcade, surgió “en virtud de los reclamos de variada naturaleza que año a año recibe esta Defensoría con respecto al suministro de agua potable en el Partido de Tandil”, y fue presentado “a fin de que contemple legislar al respecto políticas públicas abarcativas para permitir y promover el acceso responsable al servicio de agua potable en el Partido de Tandil”.

Con mayor intensidad durante la temporada de verano, las manifestaciones vecinales se repiten en la ciudad. Entre los casos mencionados figuran Valle del Lago, donde los vecinos denuncian que se quedan sin agua cuando comienza a funcionar el Balneario del Sol, y otros barrios como Tarraubella, Villa del Lago, El Centinela y distintos sectores populares.

“Estos reclamos no han sido insignificantes ni aislados sino que, por el contrario, han sido constantes y reiterados en el tiempo por innumerables vecinos que se han acercado a nuestro organismo reclamando una solución a su situación, tanto de forma particular como colectiva, de falta de acceso a la red de agua potable”, señala el informe.

El relevamiento se estructura en cinco ejes: solicitudes de extensión de la red, funcionamiento del camión aguatero, falta o baja presión del servicio, pérdidas y derroches, y pedidos vinculados a la facturación. Además, remarca que el acceso al agua potable es un factor clave para el desarrollo urbano y la integración comunitaria.

En relación con la extensión de la red, se mencionan reclamos en barrios como Los Charitos, Villa Gaucho, La Movediza I, La Unión, Tarraubella, El Centinela, Entre Sierras, Valle y Villa del Lago, la avenida Don Bosco y zonas rurales como Gardey. El informe recuerda que, según la legislación vigente y fallos recientes de la Corte Suprema, “la tutela del derecho de acceso al agua potable no es exclusivamente federal sino concurrente”, lo que implica responsabilidades compartidas entre los distintos niveles del Estado. En ese sentido, se cita el fallo sobre La Movediza I, donde se estableció la concurrencia de obligaciones de las distintas instancias gubernamentales.

“La legislación tanto nacional como provincial aplicable dispone que es responsabilidad primaria del Municipio de Tandil garantizar el acceso al agua potable para consumo e higiene personal”, indica el texto, y menciona como ejemplo el barrio Entre Sierras, donde en 2023 se avanzó con un pozo exploratorio a partir de financiamiento de la Provincia de Buenos Aires, como muestra de la necesidad de coordinar esfuerzos y recursos.

Sobre el servicio del camión aguatero, la Defensoría advirtió que el Municipio cuenta con dos unidades, pero registró “situaciones en las que vecinos de una manzana son provistos de camión aguatero mientras que otros de la misma manzana, incluso linderos, no pueden acceder al servicio por falta de cupos”. Ante ello, planteó la incorporación de más camiones, una planificación previa con mapeo y una “reevaluación social de los beneficiarios” para lograr una distribución más eficiente.

El informe también da cuenta de numerosos reclamos por pérdidas de agua, muchas veces ocasionadas por roturas que “demoran meses y hasta incluso años en ser reparadas”, y por el aumento de la demanda en verano, que en algunos casos “respondería a razones suntuosas como el llenado de piletas”. Como ejemplo, se vuelve a mencionar la situación de Valle del Lago y Don Bosco, donde los vecinos denuncian el impacto del Balneario del Sol. Al respecto, el texto describe “una situación de derroche, característica de la temporada estival y motivo de reclamo de los vecinos de la zona”, vinculada al vaciamiento frecuente de seis piletas de grandes dimensiones mientras los frentistas padecen escasez.

En cuanto a la facturación, la Defensoría analizó la Tasa de Servicio Sanitario, cuyo cálculo depende en un 50 por ciento de los metros cuadrados del lote y de lo edificado. Sobre este punto, el informe plantea la necesidad de revisar el sistema vigente. “Esta Defensoría vería con agrado la posibilidad de que se expliquen las razones técnicas y operativas de dicho sistema de cálculo, y eventualmente la modificación”, y propone que la tarifa se componga mayoritariamente del consumo efectivo medido por cada medidor.

Entre las conclusiones, el organismo recordó que el acceso al agua potable es un derecho reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y planteó la necesidad de “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio que todos puedan pagar”. En esa línea, recomendó al Ejecutivo municipal y a la Dirección de Obras Sanitarias proyectar políticas públicas integrales, acelerar los proyectos de extensión de la red, priorizar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, optimizar la infraestructura de cara al verano, relevar pérdidas y sancionar instalaciones clandestinas.

Finalmente, el informe insiste en la situación del Balneario del Sol y solicita que el Ejecutivo, Obras Sanitarias y el área de Coordinación de Concesiones “brinden la debida información y fiscalización respecto al funcionamiento del Balneario del Sol, tomando la debida intervención a los fines de evitar los vaciamientos periódicos y frecuentes de las piletas que integran el complejo, evitando derroches”.